Contraloría detecta $ 46.6 millones en perjuicio al Estado y otras irregularidades, tras 100 días de gestión
El contralor Mauricio Torres presentó ante el Pleno de la Asamblea Nacional el informe de labores correspondiente al año 2023, tras cumplir 100 días en el cargo. Los informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) suman un posible perjuicio al Estado de $ 46.6 millones; también se confirmaron responsabilidades civiles y administrativas por $ 38 millones.
Desde el 28 de noviembre de 2023, la Contraloría General del Estado aprobó 426 informes generales de auditoría y remitió 62 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) a la Fiscalía General del Estado (FGE), para que inicie los trámites correspondientes. El monto del posible perjuicio al Estado identificado en los IRP asciende a $ 46.6 millones.
Los presuntos delitos se identificaron en empresas municipales de Quito, Cuenca, Santo Domingo, Montecristi y Pastaza. Los indicios penales se desprendieron de contratos de obra, como la ampliación a cuatro carriles de la vía Alóag-Santo Domingo, el mantenimiento de las estructuras de captación de quebradas en la capital y en la contratación de bienes y servicios de seguridad privada, limpieza y transporte de personal.
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Se observaron posibles actos dolosos durante la ejecución del examen especial al proceso de liquidación de TAME y en las auditorías a dependencias y hospitales del Ministerio de Salud, Comandancia General de la Fuerza Terrestre, Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT), Consejo de Educación Superior (CES), Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, entre otros organismos.
No obstante, el CES, dice que, si bien la Contraloría realizó un “Examen Especial a la gestión y administrativa y financiera del Consejo de Educación Superior y entidades relacionadas” entre 2018 y 2020, no se observa la existencia de posibles actos dolosos para la administración de esta entidad.
En un comunicado enviado a Vistazo, el CES añade que de dicho informe se desprendieron seis recomendaciones a las cuales se está dando el debido cumplimiento. Recalca que no se ha determinado ningún tipo de responsabilidad administrativa o civil culposa, ni mucho menos indicios de responsabilidad penal.
EMPRESAS ESTRATÉGICAS
En este período también se aprobaron IRP en las empresas estratégicas de la administración central, como la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Petroecuador y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).
Durante su intervención, el Contralor destacó tres aspectos cruciales de la gestión del control público: las auditorías que se realizaron a declaraciones patrimoniales juradas, las acciones de control en los gobiernos autónomos descentralizados y los resultados de los exámenes al sector eléctrico.
Sobre las acciones de control al patrimonio de servidores públicos, en 2023 se aprobaron 46 informes generales y 14 informes con indicios de responsabilidad penal. Los exámenes se efectuaron a altos mandos de las Fuerzas Armadas, servidores policiales, jueces, funcionarios del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía, personal del Servicio de Rentas Internas y de empresas públicas.
Los gobiernos locales conforman el tipo de administración con la mayor cantidad y diversidad de entidades catastradas, por lo que es el ámbito en el cual se han aprobado más auditorías. En 2023 se aprobaron 472 informes generales y 110 informes con indicios de responsabilidad penal, “más de la tercera parte del total de IRP aprobados por la Contraloría el año pasado”, precisó Mauricio Torres.
En cuanto a la generación y distribución de energía eléctrica, el año pasado la Contraloría ejecutó 64 acciones de control a empresas públicas, entre las cuales están la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) y la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP). Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023 se aprobaron 53 informes generales.
En el mismo periodo se remitieron a la Fiscalía General del Estado 33 informes con indicios de responsabilidad penal. Las presuntas actuaciones dolosas se identificaron en los exámenes especiales ejecutados en la CNEL, la CELEC, en la Empresa Eléctrica Quito y en la Empresa Eléctrica Regional Norte (EMELNORTE).
