Capaya acude a Comisión de Fiscalización para dar detalles sobre trama de corrupción; Fiscalía responde
Ante la Comisión de Fiscalización y Control Político fue convocado, este miércoles 9 de noviembre, Carlos Pareja Yannuzzelli, el exfuncionario del Gobierno de Rafael Correa que cumple prisión tras ser condenado por distintos casos relacionados con una red de corrupción en Petroecuador.
La comparecencia del exministro de Hidrocarburos, también conocido como 'Capaya' por la empresa off shore con las primeras sílabas de su nombre abierta en Panamá, es con la finalidad de informar sobre una supuesta cooperación eficaz en el marco de la investigación previa abierta por el caso denominado “Petrochina" y el campo Auca.
Durante más de una década, Ecuador habría sido perjudicado en casi cinco mil millones de dólares por la preventa de petróleo a China durante el mandato de Correa, debido al presunto mal manejo en las negociaciones y comercialización del crudo. Estos recursos económicos presuntamente acabaron en manos de compañías intermediarias.
Así lo reveló el informe “Petrochina: deuda pública y comercialización de petróleo”, aprobado por la mesa legislativa presidida por Fernando Villavicencio, que en abril pasado fue entregado a la Fiscalía General del Estado con el objetivo de que siga la investigación que abrió en 2017 sobre el caso.
CONDENAS DE CAPAYA
Contra el exministro hay 6 sentencias condenatorias por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, de las cuales cuatro se encuentran ejecutoriadas y dos en procesos de impugnación.
Dentro de los procesos ejecutoriados, los condenados (entre ellos Capaya) deben asumir el pago de un perjuicio económico causado al Estado de alrededor de 50 millones de dólares (sentencia por cohecho) y 3’725.000 dólares (sentencia por peculado), mismos que todavía están pendientes de ser cancelados.
Por otro lado, tanto en el proceso por tráfico de influencias como en el de asociación ilícita (ambos en fase de ejecución) se debe, a través de una pericia, determinar el monto de los daños y perjuicios ocasionados.
Además de las sentencias mencionadas, existen más de una docena de investigaciones previas abiertas en las que el ciudadano está involucrado.
De su lado, Capaya ha insistido que vino "voluntariamente" al país desde Panamá, con un acuerdo de colaboración eficaz firmado con el entonces fiscal general Carlos Baca Mancheno.
"Presenté pruebas irrefutables y elementos de convicción contundentes que evidenciaban la existencia de una gran organización delictiva liderada por Correa y asistida ante los entes de control y justicia por Alexis Mera Giler (ex secretario jurídico de la Presidencia) y por Jorge Glas Espinel ante los sectores estratégicos que perjudicó al país en varios miles de millones de dólares a través de la comercialización de hidrocarburos", ha argumentado Pareja.
Sin embargo, ha cuestionado que "todo fue encubierto, entorpeciendo así la labor de la justicia en clara omisión dolosa y fraude procesal".
No obstante, la Fiscalía General del Estado, actualmente representada por Diana Salazar, se pronunció por la convocatoria realizada a Capaya en la Asamblea.
En un comunicado, la institución informó a la opinión pública que, hasta el momento, el mencionado ciudadano no ha presentado ningún pedido para acogerse a esta técnica especial de investigación (cooperación eficaz).
Argumentó que, como señala el artículo 491 del COIP, "el solo aporte de información incontrastable –como la proporcionada por el mencionado ciudadano– no abre la puerta hacia los beneficios previstos en la figura de cooperación eficaz. Adicionalmente, el artículo 494 de la misma norma establece que todas las actuaciones relacionadas con la cooperación eficaz deben ser guardadas bajo secreto".
Por lo que, una eventual cooperación eficaz de Pareja Yannuzzello que pueda presentarse dentro de las investigaciones que aún se encuentran abiertas y de las que él sea parte, "debería cumplir con todos los parámetros que contempla esta figura legal (precisión, verificación y comprobación)".
Agregó, además, que aquello no afectaría las sentencias que cumple por procesos anteriores –salvo por un recurso de revisión, cuyos requisitos deberían ser valorados y aceptados por los jueces competentes, no por Fiscalía– ni las que podría recibir en otras causas.
