CAL da luz verde a juicio político contra Diana Salazar
Este jueves 7 de diciembre del 2023, se confirmó que el pedido de juicio político contra Salazar pasará a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea tras ser aceptado por el CAL con cinco votos a favor.
El presidente del Parlamento, Henry Kronfle, detalló que solicitó a la asambleísta Gissela Garzón, ponente del caso, que subsane algunos puntos de prueba presentados en la petición. Una vez cambiados estos errores de redacción, se procedió a votar.
Kronfle recordó que los juicios políticos en la Comisión de Fiscalización serán tramitados en el orden en el que fueron presentados. Hay seis procesos similares pendientes. Por lo que el juicio político hacia la fiscal sería analizado a finales del 2024.
Por su parte, Jorge Acaiturri, del Partido Social Cristiano (PSC), resaltó que el CAL solo revisa requisitos de forma y no los argumentos de fondo.
“Los requisitos de forma fueron presentados correctamente, por ello nuestra obligación era darle paso”, aseguró el legislador. No obstante, aclaró que el PSC no apoyará el juicio político porque no encuentran justificación.
Agregó que también se aprobaron las solicitudes de juicio político contra los exministros Juan Zapata y Fernando Santos.
Por su parte, Viviana Veloz, vicepresidenta de la Asamblea y parte de la Revolución Ciudadana, mencionó que no se debe entender el ejercicio de la fiscalización como un mecanismo de persecución, sino como una lucha contra la impunidad.
“Ningún funcionario es intocable por poderoso que se crea”, dijo Veloz junto a su bancada.
El pasado 27 de noviembre del 2023, la asambleísta Gissela Garzón, de la RC, envió al CAL el pedido de juicio político contra la fiscal Diana Salazar por incumplimiento de funciones en el contexto del aumento de la delincuencia en el país.
La legisladora afirma que existen más de una docena de motivaciones, que serán analizadas en la Comisión de Fiscalización. Por ejemplo, mencionó que hay abandono hacia los fiscales y “el trabajo que están haciendo prácticamente solos” para combatir la inseguridad.
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FISCALÍA ALERTA IRREGULARIDADES
La Fiscalía General del Estado manifestó que dicha solicitud no está enmarcada en los lineamientos constitucionales del debido proceso, en especial, lo relacionado con el anuncio probatorio.
La institución citó un extracto del informe de la Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea en el que se indica que la solicitante ha anunciado como prueba el requerimiento de rendición de testimonios de operadores de justicia (fiscales y jueces de la Corte Nacional), omitiendo precisar sobre qué hechos específicos versarán sus testimonios.
“Presumiéndose que los mismos declararán sobre información de casos penales sometidos a la justicia ordinaria y de las funciones o competencias de funcionarios de la Función Judicial, y no bajo el fundamento del incumplimiento de funciones de la Fiscal General del Estado”, dice el informe.
Considerando lo expuesto, el Ministerio Público dijo que existe trasgresión al principio de independencia de funciones consagrada en la Constitución.
Agregó que pese a existir un informe que no cumple con los requisitos, el CAL aprobó el pedido de juicio político contra Salazar. “En ese escenario, la Fiscalía General del Estado ratifica su postura en la que manifestó que dicha solicitud de juicio político carece de argumentos fácticos y jurídicos”.
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