CAL califica cinco juicios políticos: contra Superintendentes, Contralor y Procurador
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó a trámite las solicitudes de juicio político planteados en contra de Víctor Manuel Anchundia, superintendente de Compañías Valores y Seguros; Ruth Arregui Solano, superintendente de Bancos; Carlos Riofrío González, contralor General del Estado subrogante; e, Íñigo Salvador Crespo, procurador General de Estado, una vez que se verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución y la ley. A estos funcionarios se les acusa de incumplimiento de funciones.
En este marco, los asambleístas Ricardo Vanegas y Luis Almeida, plantearon (en solicitudes separadas) el enjuiciamiento político en contra de Víctor Anchundia, Superintendente de Compañías, Valores y Seguros. Entre los motivos para el juicio, se lo acusa de no ejercer un control en la emisión de bonos nacionales y extranjeros.
El legislador Darwin Pereira propuso el juicio político en contra de la Superintendenta de Bancos, mientras que el asambleísta Ronny Aleaga acusa al Contralor Subrogante y el asambleísta Ferdinan Álvarez al Procurador General del Estado.
El parlamentario Pereira explicó que son ocho las causales que sustentan el juicio político que tienen que ver con la inacción o falta de control por parte de la Superintendencia de Bancos a instituciones del sistema financiero.
Además, aseguró que hay instituciones que durante la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 cobraron interés sobre interés y valores que no estaban considerados en la ley, lo que impidió que los usuarios puedan concretar la renegociación de sus deudas, pese a lo cual la Superintendenta de Banco no hizo nada al respecto.
Mientras que, Ronny Aleaga, de la Bancada de Unión por la Esperanza (UNES), presentó el pedido de juicio político en contra de Carlos Riofrío, contralor General del Estado subrogante.
“Las causales que hemos encontrado, se basan en el artículo 31 numeral 38 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que habla sobre el ejercicio de las competencias, así como del artículo 18.1, que se refiere a la formulación de informes previos a la contratación de obras públicas”, ha mencionado Aleaga.
Por su parte, Ferdinan Álvarez del movimiento Unes presentó la solicitud de juicio político en contra del Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, por presunto incumplimiento de funciones en el desempeño del cargo, previstas en la Constitución y en la ley.
Álvarez explicó que el juicio político lo plantean en razón de que en dos demandas presentadas en contra del Estado, el Procurador "en lugar de defender los intereses del país, se limitó a decir que se debía pagar a las empresas internacionales", los cual, según UNES, habría dado paso a decisiones que han repercutido negativamente en las disponibilidad de recursos que pudieron servir para construir escuelas, hospitales y generar empleo.
