Asambleísta Eckenner Recalde mantiene su curul; moción para su destitución no fue aprobada
El Pleno de la Asamblea Nacional debatió este martes el informe del Comité de Ética sobre la denuncia presentada por Johanna Moreira en contra del asambleísta Eckenner Recalde, por presuntamente haber incurrido en las prohibiciones previstas en el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que hacen referencia a gestionar cargos públicos a cambio de dinero.
La denuncia en contra del legislador hacía referencia a varias notas de voz, en las que habría solicitado a su equipo de trabajo aportes económicos para abrir una nueva sede política en el sur de Quito.
Sin embargo, la moción por la cual se proponía la destitución deRecalde, obtuvo 71 votos afirmativos, 63 abstenciones y 1 voto en contra, por lo cual no fue aprobada.
Previamente, Eckenner Recalde ejerció su derecho a la defensa. Detalló todas las pruebas de descargo que presentó ante el Comité de Ética y que no fueron consideradas por el organismo.
De su lado, la asambleísta denunciante, Johanna Moreira, subrayó que no es fácil participar en el Pleno de la Asamblea para interpelar a un excompañero de partido, a quien se le dio la oportunidad de servir al país pero que, lamentablemente, cometió un acto ilegal que la bancada no podía dejar pasar. Mocionó que el Pleno acoja el informe del Comité de Ética y resuelva la destitución del asambleísta investigado.
En el debate se registraron 11 participaciones, entre ellas, las de varios miembros del Comité de Ética, quienes defendieron el trabajo del organismo, el respeto del debido proceso y la evaluación técnica de las pruebas de cargo y de descargo que fueron aportadas.
Los asambleístas Unión por la Esperanza (UNES) se abstuvieron de votar por la moción de destitución porque a su criterio no se presentaron pruebas contundentes para demostrar la culpabilidad del legislador Recalde.
Izquierda Democrática interpeló a su exintegrante y manifestaron que es necesario demostrar con hechos la lucha contra la corrupción y que este proceso no involucra solo a un partido político, sino a toda la Asamblea y al país.
Desde la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) se determinó que los testimonios presentados son prueba suficiente para demostrar que el asambleísta Recalde incurrió en las prohibiciones previstas en el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Igualmente, la bancada del Partido Social Cristiano sostuvo que la Asamblea no es un órgano jurisdiccional, por tanto, la práctica de las pruebas no está sujeta a las formalidades previstas para las actuaciones judiciales.
