Asamblea exhorta a la Defensoría del Pueblo a crear comisión que investigue hechos ocurridos en el paro
El Pleno de la Asamblea Nacional, con el voto unánime de los 110 asambleístas presentes, exhortó a la Defensoría del Pueblo a que constituya una Comisión Especial que realice una investigación respecto de los hechos ocurridos en el país desde el 13 de junio de 2022, en el marco del paro convocado por las organizaciones sociales e indígenas.
La finalidad de esta Comisión Especial de Investigación será establecer la verdad, justicia y reparación para todas las posibles víctimas que muestran evidencias de eventuales vulneraciones a los derechos humanos y, en consecuencia, alcanzar la reconciliación nacional.
El ente legislativo recomienda al Defensor del Pueblo, César Córdova, que la referida comisión especial se constituya con la participación de expertos independientes en representación de las organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, académicos, iglesias y gremios profesionales.
Dicho informe deberá ser entregado en el término de 90 días ante la ciudadanía y remitir una copia certificada a la Asamblea Nacional, para lo cual, la Institución Nacional de Derechos Humanos dispondrá las medidas administrativas, presupuestarias, de coordinación y cooperación nacional e internacional necesarias para el cumplimiento del fin propuesto.
Así mismo, exhorta a los órganos de administración de justicia para que en los procesos que se han iniciado o que se inicien como resultado de los hechos ocurridos en el paro eviten la criminalización de la protesta y garanticen el ejercicio del derecho a la resistencia contemplado en la Constitución y solicita al Defensor del Pueblo disponga la vigilancia del debido proceso judicial o administrativo en dichas causas.
La resolución dispone a la Comisión de Garantías Constitucionales haga el seguimiento respectivo para el cumplimiento de esta resolución, e igualmente que investigue los hechos relacionados con el paro sobre las medidas adoptadas durante las jornadas de protesta, los hechos de violencia que constituyan infracciones y los acuerdos establecidos entre el gobierno y las organizaciones indígenas y sociales, sobre lo cual elaborará un informe pormenorizado.
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Esther Cuesta (UNES), proponente de la resolución, fundamentó su pedido en la necesidad de conocer la verdad de la represión durante la protesta social, así como la presunta vulneración de derechos de niños, adolescentes, mujeres embarazadas y personas adultas mayores y ataques a los centros de paz.
Durante el debate, en el cual participaron 10 asambleístas, hubo pronunciamientos en el sentido que la protesta social se produjo por la desatención del Gobierno a los sectores más pobres de país, entre ellos, las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, al amparo del derecho a la resistencia contemplado en el artículo 98 de la Constitución de la República.
Así mismo, fustigaron la intención de determinados sectores de calificar a las movilizaciones como una expresión de la violencia y el vandalismo, con el financiamiento del crimen organizado.
