Noboa podrá convocar referéndum para retirar al CPCCS la facultad de designar autoridades
Actualmente, el CPCCS es el organismo encargado de designar a las principales autoridades de control mediante concursos públicos.
El mandatario Daniel Noboa quedó habilitado para emitir un decreto ejecutivo que convoque a un referéndum con miras a retirar la facultad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de designar autoridades, luego de que la Corte Constitucional del Ecuador verificara este martes que el Ejecutivo corrigió un error de forma en el trámite.
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La decisión se adoptó mediante un auto de verificación emitido el 16 de abril, en el que el alto tribunal autorizó continuar con el procedimiento conforme a la Constitución.
La observación inicial señalaba que el proyecto fue enviado al Consejo Nacional Electoral cuando debía remitirse directamente a la Corte Constitucional. Tras corregirse este aspecto, el proceso quedó habilitado para avanzar.
El referéndum propondría trasladar dicha competencia del CPCCS a la Asamblea Nacional del Ecuador, conformada en su mayoría por asambleístas de la bancada del Gobierno, Acción Democrática Nacional (ADN), o aliados al oficialismo.
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Además, se plantea implementar nuevos procesos públicos de designación que incluyan participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, con el objetivo de fortalecer la transparencia institucional.
Actualmente, el CPCCS es el organismo encargado de designar a las principales autoridades de control mediante concursos públicos, como el contralor, fiscal general, defensor del pueblo, superintendentes y miembros de organismos electorales.
¿Cuáles autoridades pasarán a ser designadas por la Asamblea?
De aprobarse el referéndum, la Asamblea Nacional asumiría la designación de: el Contralor General del Estado, el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Defensor Público, los miembros del CNE y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), los superintendentes, el Procurador General del Estado y los integrantes del Consejo de la Judicatura.
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Además, se declararían desiertos los procesos de designación que se estén llevando a cabo por el Consejo de Participación Ciudadana. Esto incluye, por ejemplo, el proceso para designar al Fiscal General del Estado.
En lugar de concursos, sería el Pleno de la Asamblea Nacional el que designe a las autoridades y sus suplentes mediante votación por mayoría.
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