Aquiles Alvarez recibe prisión preventiva por el caso Triple A: 'actuó de manera rebelde'
La medida ocurre porque el alcalde de Guayaquil incumplió con la anterior resolución de portar el grillete electrónico.
Un tribunal dictó prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, por el caso ‘Triple A’, que investiga el delito de comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos.
El pasado sábado, siete de marzo, iba a inicio del juicio por esta causa, pero previo a la instalación de la diligencia en el Complejo Judicial Norte de Quito, los magistrados revisaron las medidas que pesaban contra el burgomaestre.
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La Fiscalía pidió que se dictara prisión preventiva porque el alcalde incumplió la orden de portar el grillete electrónico.
Indicó que, mediante parte policial, se informó que Alvarez no portaba el dispositivo de vigilancia dispuesto en este caso cuando se ejecutó un allanamiento por otra investigación denominada caso ‘Goleada’. Además, detalló que se registraron 2.769 alertas de retiro y desconexión.
El Tribunal se tomó un día para emitir su resolución y este domingo, 8 de marzo, dispuso la prisión preventiva para el alcalde.
Por su parte, el juez ponente Jorge Sánchez recalcó que Alvarez “actuó de manera rebelde” al no cumplir con el porte de grillete electrónico.
Con esta decisión, el alcalde de Guayaquil suma una segunda orden de prisión preventiva, puesto que esta misma medida ya pesaba sobre él, pero en el marco del caso ‘Goleada’ por presunta delincuencia organizada. De hecho, el burgomaestre permanece detenido en la cárcel de Latacunga.
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¿QUÉ ES EL CASO TRIPLE A?
Este caso se dio a conocer el 11 de julio de 2024, tras una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables al Gobierno de Noboa. Se investiga el presunto desvío de combustibles subsidiados para ser vendidos en países vecinos a precio de mercado, eludiendo el beneficio estatal.
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De acuerdo con los peritajes, el presunto fraude alcanzaría aproximadamente USD 61.5 millones. Además, se constató que la capacidad de almacenamiento de las estaciones vinculadas a la presunta trama de venta ilícita no coincidía con lo adquirido, y que se realizaron transacciones no autorizadas en varios casos.
En total son procesadas 16 personas naturales y 6 jurídicas, especialmente las empresas Fuelcopr S.A. y Gasolineras Copedesa Gasgrupco, cuyos principales accionistas son los hermanos Alvarez.
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