Asamblea analiza penas de hasta tres años de cárcel por vender uniformes policiales sin autorización
Como medida complementaria, se planteó que los uniformes e insignias incautados sean destruidos obligatoriamente para impedir su reutilización o reingreso al mercado informal.
La Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional avanzó en el tratamiento del informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo y la Simulación de Funciones mediante Uniformes de Seguridad Pública, que reforma el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
LEA TAMBIÉN | Fiscalía confirma allanamiento en Quito por el caso 'Caja Chica' y difunde imágenes del operativo
En una sesión virtual, el organismo recibió observaciones del Ministerio de Defensa y del Consejo de la Judicatura.
En representación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el capitán de Fragata Luis Fernando Andrade expuso una serie de propuestas orientadas a robustecer las sanciones.
Destacó que la reforma busca impedir la suplantación de autoridad y reducir delitos cometidos mediante engaño, además de fortalecer la seguridad del Estado y la confianza ciudadana.
Entre los planteamientos consta la incorporación de agravantes cuando los delitos sean cometidos por servidores o exservidores vinculados al ámbito de la seguridad que utilicen conocimientos institucionales, protocolos o acceso a uniformes, insignias y credenciales para facilitar la simulación de funciones.
Asimismo, se propuso ampliar el alcance del artículo que sanciona la comercialización no autorizada de estos elementos, de modo que no solo incluya uniformes e insignias, sino también equipos de protección como chalecos antibalas, cascos, distintivos, credenciales y otros accesorios institucionales.
La iniciativa establece penas privativas de libertad de uno a tres años para personas naturales o jurídicas que fabriquen, importen, distribuyan o vendan estos artículos sin autorización.
La misma sanción se aplicaría cuando la comercialización se realice a través de plataformas digitales o redes sociales sin contar con el aval de la autoridad competente.
LEA TAMBIÉN | Toque de queda en cuatro provincias de Ecuador: estos serán los horarios y restricciones
Andrade también sugirió crear un nuevo tipo penal dirigido a servidores públicos, militares o policías que, teniendo el deber de custodia, entreguen uniformes o equipos institucionales a terceros para la comisión de delitos. En esos casos, la pena propuesta oscilaría entre seis meses y un año de prisión.
Como medida complementaria, planteó que los uniformes e insignias incautados sean destruidos obligatoriamente para impedir su reutilización o reingreso al mercado informal.
¿Qué sigue ahora?
Por su parte, los delegados del Consejo de la Judicatura, Francisco Morán y Rubén Darío Ochoa, expresaron su respaldo a las observaciones presentadas por el Ministerio de Defensa y no formularon reparos adicionales al proyecto.
LEA TAMBIÉN | ¿Cómo operaba la mafia albanesa y qué se reveló sobre la incautación de USD 1 millón en la ‘Operación Costa’?
La presidenta de la Comisión, Inés Alarcón, solicitó a los comparecientes remitir por escrito sus aportes para integrarlos en el informe que será puesto a consideración del Pleno en el segundo debate.
.png)
.png)
