El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) detectó inobservancias en cuatro contratos para la seguridad en Guayaquil, llevados a cabo por la empresa municipal Segura E.P.
Los procesos eran para contratar servicios de seguridad privada móvil y fija en las zonas 1, 2, 3 y 4 de la ciudad, que enfrenta una creciente ola de violencia.
Lea también | Gobernadora rechaza reunirse con el alcalde Aquiles Alvarez para coordinar acciones contra el crimen en Guayaquil
José Julio Neira, director general (e) del SERCOP y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), confirmó las irregularidades detectadas y recomendó declarar desiertos los procedimientos, al considerar que "se vulneraron principios fundamentales de la contratación pública".
A través de un comunicado oficial, el SERCOP cuestionó el desarrollo de los procesos y concluyó que hubo inobservancias a la normativa legal vigente, así como afectaciones a los principios que rigen el Sistema Nacional de Contratación Pública.
“El pueblo de Guayaquil y del Ecuador merece conocer que la manifiesta vulneración a los principios de la contratación pública no puede ser parte de un modelo de gestión”, señala el pronunciamiento del organismo.
Además, advierte que la falta de transparencia y responsabilidad en la administración pública compromete el uso eficiente de los recursos estatales y limita la participación de oferentes, impidiendo al Estado cumplir sus fines.
Con base en estos hallazgos, el SERCOP, en ejercicio de su facultad de control y recomendación obligatoria, solicitó a Segura E.P. declarar desiertos los cuatro procesos.
“El compromiso con la integridad nos obliga a llevar un control riguroso que garantice la correcta aplicación de la norma y un uso adecuado de los recursos públicos”, concluye el comunicado.
Tras la recomendación del SERCOP de declarar desiertos cuatro contratos de seguridad promovidos por la Empresa Pública Municipal Segura EP, el presidente de la entidad, Fernando Cornejo, expresó su desacuerdo.
“No estamos de acuerdo con la decisión del SERCOP de declarar desiertos nuestros procesos de seguridad, que incluso cumplieron con los informes de pertinencia de la Contraloría General del Estado”, señaló Cornejo.
Los contratos, que ascienden a USD 55 millones, estaban diseñados para cubrir toda la ciudad de Guayaquil mediante un modelo que incluye patrullaje con camionetas y motocicletas, personal armado, videovigilancia con cámaras y drones. Según Cornejo, esta estrategia busca apoyar al Bloque de Seguridad en su objetivo de “regresar la paz a Guayaquil”.
El funcionario sostuvo que “lo que Guayaquil necesita es acelerar los proyectos que combaten la inseguridad, no detenerlos”, y advirtió que decisiones como la del SERCOP “solo profundizan la vulnerabilidad de una ciudad que ya enfrenta una grave crisis”.
Ante estas declaraciones, José Julio Neira, director general subrogante del SERCOP, respondió: “¡Se acabaron los contratos de las mafias disfrazadas de ‘proveedores’ en esta nueva administración del SERCOP!”.
Neira insistió en que los procesos de contratación deben ser transparentes, eficientes y cumplir estrictamente con la normativa vigente.
“La seguridad es una prioridad, nadie lo niega, pero también lo es el cuidado de los recursos públicos. No podemos maquillar sospechosas prácticas discriminatorias utilizando una necesidad del pueblo”, recalcó.
Neira aseguró que los contratos presentaban al menos 12 hallazgos que vulneraban principios fundamentales de la contratación pública.