El Pleno de la Asamblea Nacional fue convocado para este viernes 30 de mayo de 2025, a las 09:00, con el objetivo de tramitar en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, remitido por el presidente de la República, Daniel Noboa.
La convocatoria fue realizada por el presidente del Legislativo, Niels Olsen, a través de la sesión No. 6. La propuesta del Ejecutivo fue calificada como urgente en materia económica, lo que obliga al Parlamento a tratarla en un plazo máximo de 30 días.
Según el Ejecutivo, esta normativa busca desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno. Para ello, se tomará como base el informe de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y de la Microempresa, que reconoce la necesidad de aplicar regímenes especiales en materias tributaria y penal.
La propuesta incluye incentivos económicos para que el sector privado contribuya al sector público mediante donaciones destinadas a combatir la delincuencia organizada, a cambio de beneficios como la reducción del Impuesto a la Renta.
Se mantiene la posibilidad de que empresas privadas donen hasta el 30 % del impuesto a la renta en bienes a favor de las fuerzas del orden, bajo supervisión del Servicio de Rentas Internas.
En el ámbito penal, establece quiénes son considerados miembros de un grupo armado interno y define el concepto de economías criminales. Asimismo, la Comisión destaca que, para desarticular la economía criminal, es indispensable identificar los bienes en poder del crimen organizado, priorizar su incautación y debilitar su capacidad operativa.
Se tipifica el delito de pertenencia a un grupo armado organizado, con penas de 22 a 26 años y hasta 30 años en casos de liderazgo o financiamiento. Además, se establece un procedimiento penal especial para delitos vinculados al conflicto armado interno, ampliando el plazo de juzgamiento a 90 días y asignando la causa a jueces especializados.
Se establece que la prisión preventiva será una medida excepcional, reemplazada por la figura de aprehensión de hasta 48 horas. Se excluyen medidas cautelares como prisión preventiva o uso de grilletes para policías y militares que actúen dentro del conflicto, bajo control judicial posterior. El informe contempla, además, la posibilidad de indultos anticipados para miembros de las fuerzas del orden.
El proyecto introduce regulaciones sobre allanamientos sin orden judicial y mantiene las competencias de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
El proyecto consta de 14 artículos, tres disposiciones generales, cinco disposiciones reformatorias a la Ley de Régimen Tributario Interno, al Código Orgánico Integral Penal (COIP), a la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate al Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, y al Código Orgánico de la Función Judicial, además de dos disposiciones transitorias.