Asamblea acusa a Daniel Noboa de darle 'la espalda' a Esmeraldas, Sucumbíos y Santa Elena tras veto a ley
La normativa proponía que se destine un dólar por cada barril de petróleo industrializado.
La Asamblea Nacional acusó al Gobierno de Daniel Noboa de darle "la espalda" a las provincias de Esmeraldas, Sucumbíos y Santa Elena, tras vetar totalmente el proyecto de Ley Orgánica de Participación de las Rentas del Estado.
La normativa, aprobada por la Asamblea el 26 de marzo en una sesión realizada en Esmeraldas, proponía que se destine un dólar por cada barril de petróleo industrializado en las refinerías de estas provincias, asegurando así una compensación directa para los Gobiernos Autónomos Descentralizados de todos los niveles (provincial, cantonal y parroquial).
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No obstante, el presidente Noboa firmó el veto presidencial el 25 de abril, durante su visita oficial a la Ciudad del Vaticano.
Según informó el Gobierno, la medida busca fomentar “un debate legislativo más sólido y responsable”, al considerar que la ley vetada implicaba “un gasto público permanente sin respaldo de estudios técnicos ni financieros”.
'Profunda consternación' por veto presidencial
Ante esta decisión, la Asamblea Nacional expresó su "más profunda consternación" y rechazó enfáticamente que el Gobierno Nacional "dé la espalda" a estas provincias, especialmente a Esmeraldas, afectada por la violencia, derrames petroleros y un reciente sismo que dañó su infraestructura.
"La industrialización del petróleo conlleva impactos ambientales y sociales que deben ser compensados de manera adecuada", subrayó el Legislativo en un comunicado.
Además, enfatizó que la participación en las rentas petroleras no solo es una demanda legítima, sino un mecanismo esencial para mitigar los efectos de esta actividad y garantizar un futuro sostenible para las tres provincias.
La Asamblea también advirtió que el veto presidencial ignora las realidades que afectan a miles de familias y debilita la capacidad de los GAD para atender las necesidades de sus ciudadanos.
Finalmente, el Parlamento ratificó su postura de defensa de los derechos de Esmeraldas, Sucumbíos y Santa Elena, y afirmó que la justicia y la equidad territorial deben prevalecer en la gestión de los recursos naturales del país.
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