Colombia plantea aranceles de hasta 75% a productos ecuatorianos desde el 1 de mayo del 2026
De concretarse, los aranceles afectarían a una amplia gama de productos ecuatorianos, incluidos bienes agrícolas, alimenticios e industriales.
El Gobierno de Colombia emitió un proyecto de decreto que contempla la imposición de aranceles de entre el 35% y el 75% a productos originarios de Ecuador, como parte de una respuesta a recientes medidas adoptadas por el Ejecutivo ecuatoriano.
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El documento, difundido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, propone modificar el Decreto 0170 de 2026 e introducir un arancel recíproco para diversas mercancías ecuatorianas, clasificadas en múltiples subpartidas.
La iniciativa se sustenta en las facultades del presidente colombiano, Gustavo Petro, para regular el comercio exterior y hace referencia directa a la decisión de su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, quien aplicó la denominada 'tasa de seguridad' del 100% a productos colombianos, como un mecanismo para reforzar la seguridad en la frontera.
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Las tasas que Colombia impone a productos ecuatorianos
El 10 de abril, la ministra colombiana de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, anunció que Colombia elevaría del 30 % al 100 % los aranceles a las importaciones ecuatorianas en respuesta a la decisión de Ecuador de subirlos del 50 % al 100 % a partir del 1 de mayo.
Sin embargo, el presidente Petro dijo que no impondrá aranceles del 100 % a productos importados de Ecuador y que "todo lo que sea necesario para Colombia, 0 %, entra".
Pese a que ambas naciones integran la Comunidad Andina (CAN), que promueve la eliminación de barreras arancelarias, Colombia argumenta que la propuesta busca proteger su producción nacional frente a medidas consideradas restrictivas.
De concretarse, los aranceles afectarían a una amplia gama de productos ecuatorianos, incluidos bienes agrícolas, alimenticios e industriales, con tasas diferenciadas del 35%, 50% y hasta el 75%, dependiendo de la clasificación arancelaria.
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El texto aclara que se trata de un proyecto de decreto, que entraría en vigencia el 1 de mayo de 2026, una vez finalizado el proceso de socialización. Los comentarios de la ciudadanía y de los grupos de valor podrán enviarse por correo electrónico entre el 17 y el 26 de abril de 2026.
La propuesta será además revisada por el Comité de Asuntos Aduaneros y Arancelarios de Comercio Exterior, en un plazo de dos meses desde su eventual entrada en vigor.
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