EDITORIAL
Desencantado con el Congreso de Estados Unidos, el escritor Mark Twain sostuvo: “Si se demostrara con datos y hechos la decencia y la ética, no habría una clase americana criminal, con excepción del Congreso”. Esta frase lapidaria es un traje a la medida de la actual Asamblea Nacional del Ecuador. Con muy pocas excepciones, la Asamblea de los últimos 13 años ha sido un reducto donde han deambulado alza manos serviles, que olvidaron incluso sus convicciones de vida; indecentes que vendieron sus votos a cambio de puestos de empleo para familiares y delincuentes que cobraron diezmos a sus asesores, y sobornos a contratistas estatales.
¿Cómo llegamos a que las personas que debían redactar las leyes que nos rigen, terminen enjuiciadas penalmente en tan alto número? La responsabilidad recae en los partidos políticos que los eligieron.
Desafortunadamente, en la selección de candidatos para una dignidad tan importante como la de ser legislador, desde hace muchos años ha primado la notoriedad del elegido y no su preparación para el cargo. Los partidos se han inclinado por “famosillos” para obtener un mayor número de asambleístas. El resultado: legislaturas mediocres y corruptas. Se han dictado leyes que apenas comienzan a aplicarse requieren de reformas por sus graves errores, como por ejemplo el Código Penal, y hay en la Asamblea varios legisladores con sentencias penales de segunda instancia y otros tantos, indiciados en investigaciones penales.
En la coyuntura crítica que tiene el país, y de cara a las próximas elecciones, es imperativo un cambio para extirpar este mal. La Comisión Ocasional de Reformas Constitucionales debe presentar próximamente al pleno de la Asamblea el informe sobre la propuesta del Comité por la Institucionalización de la Democracia, para que mediante un plebiscito se pueda, entre otras reformas, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y convertir a la Asamblea en bicameral.
Es imperativo que la propuesta sea aprobada, porque tiene el respaldo de 300 mil firmas y además el visto de rigor de la Corte Constitucional. Sin embargo, esta reforma no será suficiente. Es necesario, además, un cambio en la Ley Orgánica que regula al Legislativo, para que en caso de que uno de sus miembros sea enjuiciado penalmente, el partido que lo nominó pierda ese legislador. Solo así, los partidos pondrán a los mejores en los cargos y los ecuatorianos nos acercaremos al ideal de las legislaturas, donde la razón es la vida de la ley y la ética el principal atributo de sus miembros.
