El año que termina será recordado como el más violento en la historia reciente del país. Hasta noviembre se contabilizaban más de 8.400 homicidios, lo que equivale a una tasa de 46,4 muertes por cada 100.000 habitantes. Con ello, Ecuador se ubicó entre los 10 países más violentos del mundo. Las cifras no son solo números: documentan el avance del narcotráfico y de sus ramificaciones -minería ilegal, extorsiones, trata de personas-, y exhiben la fragilidad de unas instituciones que hoy no tienen el músculo suficiente para enfrentar un fenómeno criminal que crece y se diversifica.
Pero quizás lo más perturbador es el viraje cultural que se ha instalado de manera silenciosa. El miedo se ha normalizado y se convirtió en un factor que condiciona decisiones familiares, empresariales y políticas. Esa resignación erosiona el tejido social. Y sobre todo, cancela la posibilidad de planificar el mañana.
Sin seguridad no existe inversión, y sin inversión no hay empleo ni progreso. Por eso, la reconstrucción institucional es una condición de supervivencia nacional. El país necesita fuerzas del orden más profesionales, equipadas y depuradas, con verdadera capacidad de inteligencia criminal y cooperación internacional efectiva.
Una amenaza transnacional no se enfrenta únicamente con capacidades nacionales; se combate con alianzas sólidas, tecnología y estrategias que rebasen nuestras fronteras.
Sin embargo, ninguna reforma será suficiente si no viene acompañada de cambios procesales que permitan a la justicia operar sin miedo y sin corrupción. Es una tarea que pudo haberse encauzado con la consulta popular fallida, pero el escenario legislativo ofrece todavía una oportunidad.
El Gobierno cuenta con una mayoría en la Asamblea, y ese capital político debería traducirse en una agenda de reformas bien formuladas, que resistan el escrutinio de la Corte Constitucional. Para ello se requiere, con urgencia, fortalecer la asesoría jurídica de la Presidencia y evitar los errores que llevaron al naufragio anterior.
Si este andamiaje -seguridad, justicia, institucionalidad- logra articularse, el país podrá recuperar un bien intangible que hoy luce opaco: la esperanza del futuro. Ese debería ser el punto de partida para reconstruir el pacto de confianza entre ciudadanos y Estado. Solo así 2026 podrá ser algo más que la continuidad de una crisis: podrá ser, al fin, el comienzo de una recuperación.
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