No a la violencia
Domingo 11 de septiembre, María Belén Bernal ingresó a la Escuela Superior de Policía a ver a su esposo, el teniente Germán Cáceres, quien salió en el auto -con vidrios polarizados- de ella, en la madrugada. Hasta el cierre de nuestra edición Bernal seguía desaparecida y su esposo ha sido considerado el principal sospechoso de su desaparición. Por los primeros relatos de los testigos citados por la Fiscalía, es altamente probable que se trate de uno más de los 207 feminicidios reportados en el país en 2022. En la región más violenta del mundo, como es América Latina, Ecuador ocupa el tercer lugar en violencia contra la mujer, según ONU mujer.
La cifra estadística que refleja ese deshonroso tercer lugar es el alto número de madres adolescentes -una de cada cuatro partos- que son producto de violaciones ocurridas en el entorno familiar. Sin embargo, salvo esporádicos sacudones como es la protesta masiva en redes por la desaparición de María Belén Bernal; o las que en su momento ocurrieron en el caso del supuesto suicidio de Naomi Arcentales en un apartamento de su pareja, un fiscal de Manabí; o la muerte de Lizbeth Baquerizo, quien fue enterrada por su esposo en complicidad con sus familiares, con una autopsia falsa, no hay avances para combatir este flagelo. Solo ruido.
Tal parecería que, por ser una sociedad dominada por el machismo, en Ecuador estuviéramos anestesiados frente a la violencia contra la mujer y esa condición nos hace tolerarla.
De los 207 feminicidios ocurridos en lo que va de 2022, el 73 por ciento tenía un vínculo sentimental con la asesinada. La mayoría no había denunciado al agresor y de las que lo hicieron muchas tenían boletas de auxilio, pero nadie les prestó la protección. Ciento cuarenta y cuatro niños quedaron en orfandad por los crímenes. No obstante, la violencia contra la mujer no puede ser considerada aceptable y peor ser tolerable.
Esta violencia es la más vergonzosa de las violaciones a los derechos humanos. Por lo mismo, su combate no debe quedarse en leyes que no se aplican, en palabras que no se cumplen, en registros de víctimas o en ocasionales compensaciones para los huérfanos de las asesinadas.
Es necesario una política de Estado que asigne los recursos para educar y combatir la violencia física, emocional y financiera en contra de la mujer, que brinde protección real a las víctimas del maltrato y, sobre todo, que castigue a los victimarios: la impunidad como ha ocurrido en el caso de Naomí Arcentales y Lisbeth Baquerizo, solo demuestra la tolerancia social a este flagelo.
