Mientras un reciente estudio del Banco Mundial estima que existen recursos para pagar las jubilaciones hasta el año 2022, según un informe especial de Ecuavisa, la institución invirtió 135 millones de dólares en bienes inmuebles, que están inconclusos y abandonados. La plata de la institución es de todos y es de nadie, pero nadie se atreve a poner el cascabel al gato y emprender la reforma más importante para las finanzas públicas y privadas que necesita el país.
Hay una falla estructural evidente: hay más jubilados y no suficientes personas que contribuyan para mantenerlos. La razón es simple: las personas viven más y las jubilaciones son mayores que las que corresponderían. Cuando en 1883 Alemania adoptó el primer sistema de seguridad en la historia, se definió como edad de jubilación los 60 años, cuando la expectativa de vida era 32 años. Con el aumento de la expectativa de vida, también ha subido la edad de jubilación en ese país; hoy es 65 años y 10 meses.
En 2021, la edad de jubilación en Ecuador es 60 años, igual que en Alemania de 1883, aunque la expectativa de vida es de 76.78 (promedio hombres y mujeres). El peso del número de jubilados no fue mayor en el pasado porque con una población mayoritariamente joven, ocho afiliados cubrían la pensión de un jubilado. En 2021 apenas hay cinco afiliados para pagar la renta de un pensionista. Además, las pensiones ecuatorianas no corresponde al volumen aportado. Según el mismo Banco Mundial, el monto de ahorro de un pensionista apenas sustenta un 20 por ciento de la pensión que recibe. Todo esto porque se calcula los mejores cinco años de ingresos para estimar la pensión y no los aportes totales.
Si a estas fallas estructurales le agregamos el manejo irregular de los fondos de pensiones, como se demuestra con las malas inversiones que denuncia Ecuavisa o el crear el Banco del Biess para dar créditos hipotecarios, haciendo muy difícil hacer líquidos los fondos que son prestados a largo plazo o imponer jubilaciones y prestaciones sin el respaldo de recursos, como dar salud a cónyuges e hijos de los afiliados, las consecuencias son escalofriantes.
La institución está al filo del abismo y para salvarla es necesario un debate técnico, sin taras ideológicas, que busque ante todo preservar uno de los derechos humanos establecidos por Naciones Unidas, la seguridad social, que debe amparar a todos y ser sustentable en el tiempo.
