Ya están a la orden de Correa
Los mensajes que se regaron por los grupos de WhatsApp, la noche del miércoles 30 de agosto, llevaban una profunda carga de preocupación. El ala radical (e insensata) de la Corte Constitucional, aquella que permitió que la Asamblea despellejara al presidente Lasso al dar luz verde al juicio político más vengativo de la historia, que autorizó la consulta del ITT para restarle al Ecuador el 12 por ciento de su producción petrolera y que al mismo tiempo negó el decreto-ley del Gobierno sobre la atracción de inversiones, hoy teme que el correísmo la despedace.
Un juez manabita, de esos que se venden al mejor postor, ordenó al Consejo de Participación Ciudadana, gerenciado por Alembert Vera, abogado de Correa en el juicio contra El Universo, la instalación de una veeduría que examine el trabajo de la Corte Constitucional desde 2018. Es decir, desde que el Cpccs-Transitorio de Julio César Trujillo la reestructuró.
Dependiendo de la fuerza política y del control judicial que el correísmo amase en las próximas semanas, hay quienes suponen que esa veeduría no solo querrá que se destituya a los actuales magistrados constitucionales, sino que hasta podría declarar ilegales las actuaciones de la Corte en estos cinco años. Todo con tal de lavar los expedientes judiciales de Correa y su plana mayor para facilitar su regreso en 2025.
La inquietud de varios jueces constitucionales prende una alarma nacional. Quizás este ya no sea el momento para reprocharles la perversa miopía política de estos últimos meses, pues en su afán de invalidar al débil banquero que comanda Carondelet, no se percataron de que lo verdaderamente peligroso está por venir: la retoma correísta del Estado.
Ahora es momento de hacer fuerza por el respeto institucional. Y en este propósito cabe echarle un ojo a cómo la descomposición en la Judicatura avanza como si se tratara de un aluvión, sin que la fiscal Diana Salazar y el titular de la Corte Nacional de Justicia, el arrepentido Iván Saquicela, logren menguar su fuerza.
Total, Wilman Terán y sus extravagancias se cubren bajo el paraguas de Alembert Vera, pues está de fondo el concurso de nuevos jueces penales de la Corte Nacional, quienes en algún momento tendrían que revisar los casos que pusieron al correísmo frente a la justicia.
Las elecciones y el triunfo del No en la consulta popular de febrero revitalizaron a la Revolución Ciudadana. Mientras que el voto en plancha que esa organización logró el 20 de agosto, le da amplias probabilidades de comandar la Asamblea Nacional. La aplanadora puede ser descomunal si renuevan el pacto con los socialcristianos de Jaime Nebot y si el Tribunal Contencioso Electoral permite que se repitan las elecciones en el exterior, pues el correísmo podría conseguir cuatro escaños más que, por ahora, están en manos de Construye y de Lucio Gutiérrez.
Es posible que para Diana Atamaint y los demás integrantes del CNE esta sea la última elección a su cargo. Sin embargo, quedará escrito en la posteridad que, sin ningún sustento legal, prefirieron hacerle el juego a una fuerza política que quizás no necesite la Presidencia de la República en los próximos 18 meses, porque ya tiene bajo su orden al resto del Estado
