El borreguismo como conducta política es peligroso. Lo es cuando busca cubrir con cromos de mil colores el resurgimiento de un modelo autoritario que opera desde el control de las instituciones y se fortalece con el silencio de quienes, resignificando su militancia, toleran las trapazas más insólitas.
En pocas semanas se medirá la respetabilidad del Tribunal Contencioso Electoral, en cuyas manos está el futuro del correísta, hoy por hoy, más poderoso del Ecuador: Alembert Vera, años atrás defensor del expresidente que quiso quebrar a diario El Universo con un juicio y una multa millonaria.
El caso Vera es tan evidente que la justicia ordinaria, pese a todos sus defectos y manoseos a los que está expuesta, no pudo archivar. Él y otros seis candidatos al Consejo de Participación Ciudadana montaron su campaña electoral dentro de la franquicia de la Revolución Ciudadana, a pesar de que para acceder a ese cargo está prohibido militar en algún partido político.
El celeste y rojo de la Lista 5 permearon las cuñas y afiches que, desde redes sociales, promocionaron al equipo ganador. Esas imágenes fueron retuiteadas por Rafael Correa, Marcela Aguiñaga y el resto de ese ejército que hoy exhibe con orgullo unas comiquitas creadas en inteligencia artificial.
Hace pocos días, el TCE hizo gala de su rígida aplicación de la Ley al retirarle los derechos políticos, por dos años, al Alcalde de Portoviejo, para que este perdiera su cargo, porque no estuvo en el debate reglamentario. Habrá que ver, entonces, si también ordena la destitución de Vera por su campaña tramposa, pues la única diferencia de peso es que el dignatario manabita pertenece a Avanza y el duro del Cpccs fue el defensor moral del expresidente Correa.
No es de admirarse si el Contencioso Electoral ensaya alguna maroma para desestimar el caso y concluir que la promoción a favor de los candidatos correístas fue solo una coincidencia estética y subjetiva.
Si esa orquestación les resulta insuficiente, los jueces del Tribunal podrían ver todo lo que en mes y medio ha hecho la mayoría de ese organismo para, por ejemplo, sacarse de encima a la fiscal Diana Salazar y cumplir el desesperado anhelo de Correa de ponerle un reemplazo.
No es muy difícil relacionar todo lo que Correa dice de Salazar en Twitter con la agenda “fiscalizadora” que sus consejeros diseñan y aplican semana tras semana, mientras el resto de la militancia se indigna al ver que 48 comisionados de la Universidad Central desestimaron la denuncia de plagio en la tesis de Diana Salazar, cuando en otras bibliotecas reposan los fraudes académicos que validaron la titulación profesional de Jorge Glas, Pedro Delgado o María Alejandra Vicuña.
En caso de que la arremetida contra Salazar tampoco parezca contundente; quizas les sorprenda lo que ocurre con los otros candidatos correístas que no entraron al Cpccs (Eduardo Franco Loor y Vielka Párraga). Las comisiones ciudadanas que trabajan bajo las órdenes de ese organismo han duplicado sus calificaciones en la etapa de revisión del concurso de méritos para que se integren al Consejo Nacional Electoral.
Así, la ruta por el control total regresa con una taimada promoción electoral y donde el TCE tendrá que hacer respetar esta democracia.
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