La democracia según los cínicos
Ecuador es un país que se escandaliza a medias. Políticos sabidos, tuiteros furibundos y periodistas de relumbrón cuestionan todos los días que el Gobierno reparta cargos y prebendas a cambio de que la Asamblea no consiga los 92 votos para la destitución del Presidente.
Pero no se espantan por cómo el correísmo y su parche socialcristiano, secundados por lo más intransigente del movimiento indígena, han forzado causales e inadvertido argumentos jurídicos de peso con tal de sacar a Guillermo Lasso del poder.
Apelan a los males de su gestión -cuestionamiento que debería zanjarse en una revocatoria de mandato y no en este juicio político-, para consumar un ajuste de cuentas por los pactos rotos en 2021 con los nebotistas o por apresurar la agenda de impunidad del sociópata prófugo.
En una lucha que no admite treguas ni reflexión, la democracia se conduce bajo un único argumento cínico: ¿si hay opositores que quieren tumbarse al Primer Mandatario a como dé lugar, por qué este no puede buscar la forma de quedarse en Carondelet, también a como dé lugar?
El problema con escandalizarse a medias es que la política nunca evoluciona: los repartos de ‘la regalada gana’ tienen varias décadas de registro. Quienes hoy sienten vergüenza por cómo Lasso “feria el Estado” se olvidan que pactaron con Abdalá Bucaram en 1994 para comandar el Congreso. Era la época dorada del alcalde FebresCordero, del precandidato Jaime Nebot y del oscuro Luis Almeida. Los escrúpulos, para el PSC, siempre han sido lo de menos.
Abunda la literatura especializada que describe al político ecuatoriano como un operador eficiente para establecer pactos bajo la mesa, utilitarios y de corta duración. Como no les interesa construir políticas públicas, las coaliciones fantasmas sirven para negociar agendas particulares. A Lasso y Henry Cucalón los arrastró el sistema. Es muy pronto para anticipar una victoria legislativa desde Carondelet. El Presidente prefiere esperar el último minuto y el último voto, antes de decretar la muerte cruzada. De lo que se ve en el comportamiento social, el país tampoco cree que adelantando elecciones se supere una crisis estructural como la del crimen organizado, porque sabe que a sus operadores políticos les urge instalarse en Carondelet.
Por todo lo que ha sucedido ya es posible cuestionar el comportamiento pacato e irresponsable de la Corte Constitucional. Su dictamen sobre el juicio político, en lugar de parar el desenfreno delos políticos y la Conaie, dio más cuerda para que estrangularan al país.
Quizá creyó que al validar una causal absurda (la del peculado en los contratos de Flopec, suscritos desde el gobierno de Moreno), el sainete se desbarataría pronto. Sin embargo, ocurrió lo contrario: legisladores como Viviana Veloz y Mireya Pazmiño montaron una jurisprudencia nefasta para la democracia, plagada de revancha y oportunismo y con documentos trucados que Virgilio Saquicela tolera y alienta desesperado por buscar su reelección.
El Gobierno, entonces, al ver que sus argumentos jurídicos importan menos que la voracidad delos golpistas, subastará la administración pública para evitar que sean correístas y socialcristianos los que se repartan el país tras la destitución. ¿A quién culpamos?
