Lo peor de este paquetazo, como muy bien lo llamó el propio Presidente, es que apenas contribuirá con el cinco por ciento de lo que requiere la caja fiscal para equilibrarse.
Avanza rampante la enésima reforma tributaria del gobierno que más dinero tuvo en la historia. Son tan efectivas que no dejaron de tomarse cuando el petróleo estuvo a más de 100 dólares el barril, por lo mismo los impuestos pagados por el pueblo ecuatoriano han superado lo que rindió la lotería petrolera tan alegremente disfrutada.
La primera de estas reformas, después de que la Constituyente empezó el ciclo de ordeño, se realizó en diciembre de 2009 de acuerdo a lo que ordena el art. 68 de la Ley Orgánica de la función legislativa, esto es según el trámite ordinario y en cuatro meses estuvo lista. Pero dos años después el CAL autorizó en octubre de 2011 como de urgencia económica una reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno y sin aprobación del pleno ni informes para primero y segundo debates el ejecutivo promulgó la ley. La presidencia sostiene que es atribución del presidente escoger si el trámite es urgente, pero en la asamblea según la ley decide el CAL qué procedimiento se sigue. En tal virtud, para derogar el mandato del art. 68 de que solo mediante el trámite ordinario se puede crear, modificar, exonerar o extinguir impuestos la asamblea está en la obligación de dictar una ley interpretativa que va directo al registro oficial y no necesita la sanción presidencial. O en su defecto, a pedido del presidente, la corte constitucional debió declarar inconstitucional ese artículo.
El resultado de este abuso de poder ha sido desastroso, pues cada año con el trámite urgente, sin auténtico debate, se reforma la Ley de Régimen Tributario. Este apuro y superficialidad han determinado que el actual proyecto contenga disposiciones inconstitucionales, como pretender establecer impuesto a la renta a las pensiones de jubilación y disminuir la protección que el estado garantiza a personas vulnerables. Lo cual, por añadidura, en nada contribuye al objetivo del proyecto urgente de equilibrar las finanzas públicas. Mientras al mismo tiempo propone exonerar del impuesto a la renta a las empresas extranjeras que tengan contratos con el estado de por lo menos el cinco por ciento del PIB, es decir cinco mil millones de dólares. Estas compañías, contadas con los dedos de la mano, son las firmas petroleras que explotan los campos maduros o joyas de la corona.
De otra parte, la recaudación esperada con la que se intenta equilibrar las finanzas públicas es el alza del ICE sobre telefonía para empresas, cigarrillos, bebidas gaseosas y azucaradas, licores y cerveza. Con lo que no solo se impacta a los consumidores sino también a importantes sectores productivos afectando al empleo. Lo peor de este paquetazo, como muy bien lo llamó el propio Presidente, es que apenas contribuirá con el cinco por ciento de lo que requiere la caja fiscal para equilibrarse. Adicionalmente, a pesar de que su monto es equivalente al de las sobretasas arancelarias, se deja entrever que estas serán reemplazadas por un timbre cambiario que tirará al piso el acuerdo con la Unión Europea.
Un real paquetazo.