La clave se halla en la política del arriero, de combinar correazo y carnada que es lo mismo que látigo y terrón de azúcar.
La evidente transformación política de la sociedad impuesta por la revolución ciudadana tiene muchas facetas, que van de más o menos buenas a pésimas. Seguramente la más grave porque implica una contradicción sustancial con los principios consagrados en la ley suprema de Montecristi, aprobada en referendo popular, es la caricatura de régimen democrático que vive el Ecuador. Caricaturesco porque ni siquiera resulta foto mal tomada de lo que realmente es un sistema de esa naturaleza.
Ejemplo certero es que en nueve años de régimen democrático no se haya realizado interpelación alguna, ni censurado o absuelto, a ningún ministro del gabinete presidencial. Lo que deviene muy elocuente acerca de la sumisión de quienes son elegidos por el pueblo, que no son de libre nombramiento y remoción del Ejecutivo, para legislar y ejercer control político sobre el cumplimiento de las leyes a que están obligados los altos funcionarios de las otras funciones del Estado.
El más largo período anterior en que sucedió tal anomalía ocurrió en los nueve años de dictadura que hubo desde el quinto velasquismo hasta el triunvirato militar que devolvió el poder al pueblo soberano representado por Jaime Roldós. Es cierto que con la restauración democrática se llegó a abusar de esa potestad de los representantes del pueblo, que hubo juicios políticos injustos, que se los utilizó para promoción política personal y muchas veces para chantajear y sacar indebido provecho del poder Ewjecutivo. Instaurándose un régimen partidocrático de mayorías móviles parlamentarias que desembocó en una década de inestabilidad institucionalizada.
De ahí justamente brotó ese vigoroso sentimiento popular de un borre y va de nuevo para que la democracia vuelva a su cauce normal. Y eso fue lo que se prometió y por eso en ninguna parte la Constitución dice que el juicio político ya no existe. Porque en una democracia seria esa clase de juicios debe estar al servicio de la oposición y de quienes están ejerciendo el mando para evitar abusos, distorsiones y malos manejos de los recursos públicos. Para con esa clase de juicios mejorar, depurarse y evitar ese fatídico proceso degenerativo que acaba consumiendo ideales, promesas y buenas intenciones. Por eso una interpelación es un juicio político, no un proceso judicial para mandar a la cárcel a nadie. Los legisladores están obligados a juzgar si se cumple o no la Constitución y las leyes de las que ellos son guardianes y garantes a sueldo.
Pero el problema idiosincrático de la república de papel radica en que todo modelo político o económico termina en harapos. Pues en la práctica han devenido desfigurados neoliberalismo o socialismo, democracia o dictadura. Son entes híbridos o hermafroditas los que deambulan por cada gobierno tocando la flauta de armonías encantadoras que son una mezcla irresponsable de todo. En síntesis un plato bandera, una suerte de guatallarín que a la carta cada quien le agrega su yerbita.
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