El gobierno busca vender el Banco del Pacífico, la hidroeléctrica Sopladora, CNT, Flopec, Tame, Gama TV y TC Televisión. Pero este proceso no será sencillo.
Para las culturas andinas el tiempo es circular, en donde la historia es una repetición sucesiva de ciclos. La economía ecuatoriana claramente sigue ese patrón. Durante la bonanza petrolera de los años 70 el gobierno de la época emprendió “un proceso irreversible de industrialización” impulsado por un Estado intervencionista y abundante endeudamiento externo. Cuando la bonanza petrolera terminó en los años 80, se hizo evidente que el modelo no tenía futuro. El país tuvo que entrar en una dolorosa etapa de ajuste que duró varias décadas.
Tres décadas más tarde, junto con una nueva bonanza petrolera, retornó la ideología de la supremacía del Estado por sobre cualquier forma de organización social. La Constitución de 2008 plasmó este pensamiento creando “sectores estratégicos”: monopolios de decisión y control exclusivos del Estado. El gasto público se multiplicó y el Estado asumió cada vez más responsabilidades. Como todo exceso, esta política también probó ser insostenible y desembocamos nuevamente en una etapa de ajustes.
A pesar de rehusarse a recortar el gasto corriente, el presidente Correa está consciente que es inevitable reducir el tamaño del Estado. Su más reciente propuesta es retomar las privatizaciones que fueron comunes en los años 90. Con esta medida, dejará el camino trazado para que sus sucesores, inclusive si son copartidarios, continúen con la última gran obra del Correísmo: desmontar el Estado omnipotente que ellos mismos crearon.
El gobierno busca vender varias empresas del sector público: Banco del Pacífico, hidroeléctrica Sopladora, CNT, Flopec, Tame, Gama TV y TC Televisión. Pero este proceso no será sencillo. Somos un país con institucionalidad débil en donde la estabilidad se fundamenta en la voluntad de un Ejecutivo con exceso de poderes. Este es el peor escenario para crear confianza en inversionistas que buscan garantías de que sus capitales serán respetados. Para compensar estas falencias exigirán precios de “gallina enferma” en los activos públicos.
Una buena venta no solo exige decisión política, sino un cambio radical en el ambiente de negocios y la normativa vigente. La Constitución obliga que el Estado sea dueño del 51% de las acciones de las empresas de los sectores estratégicos y de servicios públicos. Además existen fuertes restricciones para medios de comunicación y entidades del sistema financiero. ¿Cuántos interesados habrá en comprar esas empresas con estas condiciones?
Los recursos del Estado son limitados y si por ejemplo el gobierno quiere tener un banco que vale 300 millones, significa que dejará de contar con esa cantidad para ampliar infraestructura educativa u hospitalaria. Reasignemos los escasos recursos fiscales a aquellas inversiones de mayor impacto para la población de menores recursos: salud, educación e infraestructura en zonas deprimidas. El primer paso es crear ese ambiente de inversión necesario para que los activos estatales puedan ser ofertados a buen precio. Y una vez vendidos, evitemos que esos recursos se nos vayan como el agua en un gasto corriente desenfrenado.
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