Alberto Acosta-Burneo

Terremoto económico

La experiencia internacional nos enseña que la mayor carga de la reconstrucción la asume el sector privado, no el Estado. El Gobierno también debe sacrificarse y financiar la reconstrucción privada reduciendo el excesivo gasto público.

La reconstrucción por desastres naturales no se reduce a reemplazar estructuras dañadas: carreteras, hospitales o casas. Es igual de importante impulsar los intangibles: negocios cerrados, comercio deprimido y pérdida de empleos, a través de una estrategia integral de recuperación económica.

Para financiar la reconstrucción de infraestructuras destrozadas por el reciente terremoto, el Gobierno ideó un nuevo “paquetazo” que retirará de los ciudadanos alrededor de 1.000 millones de dólares por un año. El coctel incluye más impuestos: incremento del IVA, nuevo impuesto al patrimonio, tres puntos adicionales en impuesto a utilidades de empresas y profesionales y donación de un día de sueldo. En paralelo se discute otro paquete tributario para reducir en algo el desequilibrio fiscal que recaudará 500 millones por año.

Lamentablemente, se van a repetir los mismos errores de los últimos 9 años al priorizar la infraestructura y postergar los intangibles. No necesitamos lindas carreteras si no tenemos productos que transportar. La economía se contrae y los nuevos impuestos reducirán el dinero de las familias ecuatorianas y su consumo. Seguirán cayendo las ventas y se destruirán más empleos. ¿Cuál es la alternativa?

Este es el momento en que deberíamos acudir al “fondito” de ahorro para la reconstrucción de la infraestructura pública. Pero el Gobierno no fue previsivo y gastó hasta el último centavo que teníamos ahorrado. La única alternativa a los impuestos que nos queda es seguir endeudándonos a través de la emisión internacional de un bono colateralizado con activos productivos: hidroeléctricas o refinería. Esta figura permitiría reducir el costo del financiamiento.

La experiencia internacional nos enseña que la mayor carga de la reconstrucción la asume el sector privado, no el Estado. El Gobierno también debe sacrificarse y financiar la reconstrucción privada reduciendo el excesivo gasto público. Para impulsar la producción se requieren incentivos más poderosos como: la exoneración del impuesto a la renta por 10 años a todas las inversiones que se realicen en la zona afectada y concretar el acuerdo comercial con la Unión Europea.

Los hogares pueden ser compensados con financiamiento barato para la reconstrucción y desarrollo de actividades productivas, seguro de desempleo, servicios médicos oportunos, renegociación de deudas y moratoria en impuestos.

Pero Manabí y Esmeraldas no podrán salir adelante si la economía del resto del país continúa estancada y no incrementa la demanda de productos y servicios de esa zona. En todo el país se debe eliminar el anticipo de impuesto a la renta, retirar aranceles a bienes de capital e insumos, y reducir el costo de la energía eléctrica. De este modo se reducirán los costos de producción de las empresas y aumentará su competitividad.

Ojalá aprendamos la lección y que el próximo desastre natural nos encuentre mejor preparados. Requerimos solucionar el desequilibrio fiscal y canalizar parte del ahorro nacional a un Fondo de Contingencia. ¡Más impuestos es la receta equivocada!

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