Ante la crisis, el gobierno ha sustituido su obsesión por la redistribución, por el más prosaico objetivo de contener la pérdida de empleos. Esto implica priorizar nuevamente la producción.
Cuando el gobierno despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró con que había perdido su capacidad de impulsar la economía. Los ingresos petroleros habían desaparecido de las arcas fiscales, obligando el recorte del presupuesto de inversión. Su gasto de consumo tampoco pudo sostenerse en los elevados niveles de hasta entonces. Por otro lado, flaqueó el consumo de los hogares que había sido uno de los puntales del crecimiento. ¿Qué ocurrió?
No era un sueño. Se trata del fin de una bonanza de casi una década. Durante los buenos años, el gobierno de la Revolución Ciudadana priorizó la redistribución a través de una mayor presión tributaria sobre las empresas y la población de mayores ingresos. El Estado asumió un rol protagónico en la economía ocupando parte del espacio que antes ocupaba el sector privado. Se aplicó una política restrictiva frente a la actividad empresarial. Además de los elevados costos para iniciar y mantener un negocio, se incrementaron aceleradamente los costos laborales, de importación y de producción. Pero todos estos efectos negativos, se vieron compensados por una avalancha de petrodólares.
Ahora que la economía ha entrado en una recesión técnica (dos trimestres consecutivos de contracción), empiezan a revelarse los efectos negativos de las políticas anteriormente adoptadas. El gobierno ha sustituido su obsesión por la redistribución, por el más prosaico objetivo de contener la pérdida de empleos. Esto implica priorizar nuevamente la producción. Este naciente “pragmatismo”, implicó el paulatino retorno de políticas que la ortodoxia económica considera prudentes. Las autoridades incluso se adelantaron a varias recomendaciones que realizó el FMI en su informe sobre el Ecuador.
Luego de varios años de tratar de reducir las utilidades bancarias, el gobierno reconoció que estas son necesarias para la solidez del sistema y aprobó un incremento en tasas de interés y costos de los servicios. También revisó los subsidios a los combustibles y a la energía eléctrica para las industrias y grandes comercios. Se desmontó parcialmente la restricción a los flujos de capitales a través de la exención del impuesto a la salida de divisas sobre el financiamiento externo.
A pesar de que la Constitución de 2008, hija dilecta de la bonanza, establecía que la empresa privada no debía ser la forma dominante de organización de la economía, recientemente el presidente Correa ensayó una nueva definición: “El Estado y la empresa pública tienen que hacer lo que deben hacer. Si algo lo puede hacer el sector privado, gracias”. Este argumento justifica la privatización de las gasolineras de Petroecuador y la creación de una ley para normar la alianza público privada.
Las sombrías perspectivas económicas para 2016 continuarán induciendo esta metamorfosis. Es difícil predecir su alcance porque no se sustenta en un convencimiento ideológico, sino en la penuria de los bajos precios del petróleo. Lamentablemente, esta transformación es todavía insuficiente para mejorar el escenario para la inversión empresarial e impulsar la generación de empleo.