La estocada final al mercado de capitales fue la creación de la figura de responsabilidad laboral “ilimitada” para accionistas, que se introdujo en la Ley para la Defensa de los Derechos Laborales.
El mercado de capitales es la mejor alternativa para canalizar el ahorro nacional hacia la inversión productiva de largo plazo. Es complementario al sistema financiero que, por la naturaleza de corto plazo de sus captaciones, tiene una capacidad reducida de otorgar financiamiento con plazos extendidos.
En un mercado de valores desarrollado, ganan todos sus participantes. Las empresas porque consiguen recursos para sus proyectos de inversión. Los ciudadanos porque colocan sus ahorros en inversiones rentables sin necesidad de contar con grandes capitales. Además, se crea una sociedad de propietarios en donde hasta el más pequeño ahorrista puede ser dueño de la mayor de las corporaciones.
A pesar de todos estos beneficios, en Ecuador el mercado de capitales está herido de muerte. Como es propio del socialismo, el gobierno de Rafael Correa desconfía de los mercados y cree que es necesaria la intervención del Estado para desenmascarar los intereses de los avaros capitalistas.
En 2012, el gobierno dio la estocada final al mercado de capitales con la creación de la figura de responsabilidad laboral “ilimitada” para accionistas, que se introdujo en la Ley para la Defensa de los Derechos Laborales. Se autorizó al Estado a dar cumplimiento de obligaciones laborales persiguiendo a administradores de empresas, herederos y accionistas. Inclusive se permitió usar la presunción de propiedad del deudor para definir bienes a embargar.
La expectativa inicial fue que estas amplias facultades se utilizasen solamente para infracciones laborales. Pero su uso se amplió a otros campos. En 2015, la CFN solicitó el pago de sus acreencias a los accionistas de Palm-Export S.A. Esta empresa había levantado sus capitales en el mercado de valores a través de 90 inversionistas con participaciones reducidas y sin voz en la administración. Fueron conminados a pagar a la CFN 17 veces el monto que habían invertido. La CFN argumentó que la empresa había sido creada para evadir las obligaciones con el Estado.
Luego de este caso, la Ley de Justicia Laboral acotó la responsabilidad laboral ilimitada a los accionistas con más del 25 por ciento del capital social. Sin embargo, quedó sentado un precedente nefasto para el mercado de valores. Los inversionistas en el mercado de capitales ponen en riesgo su patrimonio frente a este poder de coactiva ilimitado.
Un año más tarde, el SRI solicitó el pago de obligaciones tributarias dejadas hace 16 años por la extinta aerolínea Saeta a quienes compraron acciones preferidas. Estos títulos no otorgaban rendimientos, ni voz en la administración de la empresa. El único beneficio era obtener descuentos en el valor de pasajes. Nuevamente se busca que paguen las obligaciones pendientes los inversionistas de buena fe que en ningún momento tuvieron control sobre los actos de la empresa.
Mientras no se limite este excesivo poder del Estado, no será posible recuperar la credibilidad del mercado de valores y seguiremos viendo cómo pequeños inversionistas son injustamente perseguidos por haber creído en su país.
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