Luego de casi 10 años con escasos resultados en la aplicación de políticas de impulso industrial, el gobierno de Rafael Correa quiere vender al electorado una nueva ilusión. Una nueva política industrial que nos llevará directo al paraíso: un país industrializado productor de bienes con elevado valor agregado y alta tecnología.
Detrás de esta propuesta está la arcaica visión cepalina de que los países productores de materias primas y alimentos están condenados a la pobreza porque sus exportaciones se abaratan en relación a los bienes industrializados del primer mundo. La realidad ha probado ser completamente diferente. De manera general, los precios de los bienes tecnológicos se han abaratado aceleradamente mientras que los alimentos han tenido una tendencia creciente. Por ejemplo, una computadora IBM en 1981 costaba 4.143 dólares (valorados en dólares de 2016) mientras que ahora podemos conseguir una laptop por 300 dólares, ¡13 veces menos que hace 35 años! Pero una manzana que en 1981 costaba un equivalente actual de un dólar la libra, ahora cuesta 1,4 dólares la libra, o casi 40 por ciento más.
¿Cuál actividad fue más conveniente, la producción de computadoras cuyo precio se redujo en 13 veces, o la producción de manzanas que tuvo un incremento en su precio del 40 por ciento? El enfoque de esta pregunta está equivocado. Lo importante no es la variación en los precios, sino en la productividad.
Las actividades ganadoras son aquellas que pueden incrementar su producción a menores costos, y de ese modo aumentar sus ganancias. Entonces, el nuevo plan del gobierno parte de premisas equivocadas. Sesudos burócratas han realizado la nueva elección de ganadores: petroquímica, astilleros, pulpa de papel, siderúrgicas, refinación de cobre, aluminio, farmacéutica biológica, entre otros. ¿Por qué fueron estos sectores los escogidos? ¿Qué experiencia empresarial tiene el “jurado” seleccionador? ¿Qué nos garantiza que los empresarios que se sumen a este nuevo llamado no corran la misma suerte de aquellos que invirtieron en el ensamblaje de celulares y terminaron cerrando sus puertas al poco tiempo?
La mejor política industrial es la que no existe. En su lugar debería instituirse una política de productividad y competitividad en la que el Estado piense como socio del sector productivo y adopte políticas transversales para reducir los costos: menores impuestos, eliminación de trámites innecesarios, apertura de mercados para el descenso de aranceles a la exportación, apoyo a la academia para mejorar capacitación del personal, reducción de costo de la energía eléctrica y aranceles a la importación de insumos y bienes de capital, entre otros.
Que el Estado defina en qué sectores invertir, es la vía al fracaso. ¿Quién conoce mejor el mercado del acero que un empresario que ha arriesgado su capital en esa actividad por muchos años? ¿Y el mercado de la pulpa de papel? ¿Y el de los lácteos? Alejémonos de los cantos de sirena de la política industrial. El Estado debe asumir su rol y dejemos que los empresarios desarrollen el suyo.
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