Crédito productivo busca acelerar la reactivación económica
El sector productivo ecuatoriano se ha comprometido a acelerar su reactivación económica y recuperar los niveles de ingresos previos a la pandemia. Una herramienta clave para apalancar sus actividades y acceder a una mayor liquidez es el crédito.
Cifras del Banco Central del Ecuador (BCE) muestran que, si bien la crisis económica causada por el COVID-19 contrajo su demanda durante el primer semestre del año pasado, ya para el segundo la solicitud de apoyo financiero por el sector fue mayor.
Solo de marzo de 2020 hasta julio de 2021, el sistema bancario privado entregó 33.524 millones de dólares en nuevos créditos, de estos 24.183 millones de dólares se destinaron a los segmentos productivos (microcrédito, vivienda, productivo).
Este año la dinámica ha sido similar. Marco Rodríguez, vicepresidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), señala que el 72 por ciento del crédito concedido de enero a julio de 2021 (12.179 millones de dólares) se destinó al segmento productivo.
“Estos son algunos ejemplos del acompañamiento continuo que ha dado la banca a sus clientes. A esto se suma los alivios financieros otorgados en los momentos más difíciles de la pandemia que ascienden a 10.000 millones de dólares y que llegaron a representar el 36 por ciento del total de la cartera (junio 2021), lo cual nos ubica entre los tres países de la región con mayor cantidad de alivios proporcionados”, menciona.
Una institución que asegura estar lista para colocar todo el crédito que el sector empresarial requiere para reactivarse es el Banco Internacional. A fin de fortalecer su patrimonio y ampliar su capacidad de colocación de nuevos créditos productivos y comerciales, aumentó su capital pagado a 310’159.209 dólares.
Actualmente, el banco ofrece un crédito comercial adaptado a las necesidades de los negocios y sus flujos de caja, y recientemente amplió los plazos e hizo ajustes en sus procesos internos de calificación y análisis para mejorar los tiempos de respuestas, especialmente en solicitudes de pymes.
La entidad sostiene que, si bien el sector empresarial se mostró en los inicios de la pandemia más cauto a aplicar a financiamiento su colocación no se ha detenido.
En lo que va del año ha otorgado 4.100 créditos a 1.254 clientes, por un monto total de 1.320 millones de dólares, lo que significa un aumento aproximado del 40 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2020. Los sectores con mayor demanda fueron: comercio, industrias manufactureras, transporte y almacenamiento, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
“Todo esto ha permitido llegar a una cartera de crédito comercial total de 2’075.774 dólares al cierre de julio 2021, lo que nos ubica como el banco número uno en participación de crédito comercial para las empresas con ventas anuales mayores a 400.000 dólares”, remarca la entidad.
Las instituciones de la economía popular y solidaria como cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas también han contribuido a reactivar al sector productivo, especialmente con la colocación de microcréditos productivos y comerciales.
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) informa que, al primer semestre de este año, el sector concedió 268.569 microcréditos por un monto de 1.900 millones de dólares.
La superintendente del ramo, Margarita Hernández, señala que los montos otorgados se destinaron en su mayoría a capital de trabajo y a la adquisición de activos fijos como maquinarias, terrenos y vehículos.
“El sector financiero popular y solidario con el apoyo de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS), otorga créditos directos con condiciones especiales en monto, tasa de interés y plazos a los microempresarios, artesanos y agricultores con el objetivo de sostener sus negocios o fomentar la creación de nuevos emprendimientos, en miras de reactivar y dinamizar la economía”, manifiesta.
La funcionaria señala que, a través de los corresponsales solidarios, las cooperativas han podido ingresar a zonas desatendidas para ofrecer sus servicios financieros, tanto para la apertura de cuentas básicas como para dar a conocer sus líneas de crédito.
Apoyo estatal
Con el fin de reforzar las operaciones de segundo piso, la Corporación Financiera Nacional (CFN) B.P. se enfocó el año pasado a otorgar fondos con mejores condiciones crediticias para las entidades que dan financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas.
A través de sus operaciones de segundo piso, la corporación ha colocado 76,23 millones de dólares, de este valor 46,28 millones fueron otorgados este año.
Mientras que en el 2020 entregó también créditos por 302,24 millones de dólares, siendo los sectores más beneficiados los de manufactura (190 millones), agropecuario (34,2 millones), construcción (25,2 millones), servicios (16,5 millones) y comercio (14 millones).
Asimismo, a través del Fondo Nacional de Garantía la CFN B.P. facilita el acceso al crédito a mipymes que no tienen garantías adecuadas y suficientes para respaldar una operación crediticia en el sistema financiero.
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Digitalización ayudó en la pandemia
Los servicios financieros fueron claves para dinamizar la atención durante la pandemia. Uno de los servicios que más creció fue el de los Corresponsales No Bancarios (CNB), a través de estos los clientes pueden acceder de forma rápida a los productos que ofrecen los bancos y cooperativas de ahorro y crédito.
De acuerdo con la Asobanca, hasta abril de este año, el número de CNB llegó a 35.974, un 27 por ciento más con relación al mismo mes del año pasado.
En el 2020 las transacciones bancarias realizadas en canales de banca digital crecieron 30 por ciento, con relación al año 2019.
“Este comportamiento es positivo ya que el uso del efectivo, además de ser más costoso en términos de la administración de billetes y monedas para el país, reduce la necesidad de contacto con otras personas”, detalla Marco Rodríguez, vicepresidente de la Asobanca.
Siguiendo esta misma línea, Banco Internacional lanzó este año Confirming, un producto digital que permite realizar el anticipo del pago de facturas desde 15 hasta 180 días antes de su vencimiento. El mismo, permite a las empresas pagadoras negociar mejores condiciones de plazo de pago de sus facturas, y a los proveedores beneficiarse de liquidez inmediata y ahorrar tiempo en su gestión de cobranza.
