De acuerdo con la Plataforma Nacional de Acción por los Plásticos (NPAP Ecuador), el país genera alrededor de 627.000 toneladas de residuos plásticos al año, siendo los envases, empaques y embalajes, en su mayoría de un solo uso, los principales focos del problema.
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En marzo pasado, se lanzó el Plan Nacional de Reducción de Residuos Plásticos, con el que se busca disminuir en al menos 19 por ciento la generación de estos residuos hasta el 2040, además de orientar medidas hacia uso de polietileno, polipropileno y PET, materiales que concentran cerca del 85 por ciento del volumen de envases y empaques usados en el Ecuador.
Adriana Lucas, directora de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos (Aseplas), explica que desde el 2021, que entró en vigencia la Ley Orgánica para la Racionalización, Reutilización y Reducción de Plásticos de Un Solo Uso, la industria ha ido cumpliendo las metas establecidas de incorporar progresivamente la resina reciclada en los envases. En el caso de las fundas, hasta 2024 se alcanzó el 60 por ciento de integración.
La directiva señala que la industria ha invertido en adaptar sus líneas de producción para incorporar material reciclado post-consumo y en desarrollar productos que desde su concepción faciliten el reciclaje, la reutilización y la disminución de materias primas vírgenes.
Un cambio que trajo la ley de plásticos fue la dinamización de un nuevo sector: el de reciclaje. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones registra 38 empresas recicladoras a nivel nacional.
Dentro de ese ecosistema está Reciclapet de Enkador, esta empresa fabrica preformas y botellas con PET reciclado bajo el sello de Origin. Al mes, procesa alrededor de 1.000 toneladas de este material y durante el primer trimestre de 2026 produjo más de 2.200 toneladas de escama y resina r-PET y más de 17 millones de unidades de productos transformados.
La incorporación del 30 por ciento de PET reciclado en botellas ha representado un punto de inflexión para las industrias ecuatorianas. En este tipo de procesos –agrega el vocero de Reciclapet– el reto no es solo incorporar material reciclado, sino garantizar su disponibilidad, calidad e inocuidad; para esto las empresas deben invertir en tecnología de reciclaje avanzado y en fortalecer sistemas de recolección a nivel nacional.
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Enkador, por ejemplo, destinó en los últimos años 1,8 millones de dólares para la creación de centros de acopio a nivel nacional y cerca de 2,1 millones de dólares en tecnología de inyección y soplado de última generación.
El plástico reciclado también ha dado vida a nuevos negocios. Ese fue el caso de Madera Plástica Ecuador, una empresa que ha logrado reinsertar estos residuos a procesos industriales con la fabricación de mobiliario urbano, bancas, mesas, juegos infantiles, pallets y elementos de construcción.
Su CEO, Luis Fernando Moreno, cuenta que la madera plástica ecológica se comercializa en distintos ámbitos como: doméstico, obras públicas, agropecuario, industrial y que el mercado ha ido creciendo desde que iniciaron en 2010.
“A la fecha hay mucho mayor interés por sus resultados, pero es un mercado que todavía en Ecuador no es masivo. Tenemos a nuestros vecinos en Colombia con más de 80 empresas que al día de hoy ofrecen un sinnúmero de innovaciones con el reciclaje plástico”, manifiesta.
Aunque nuestro país no es un gran exportador de resina plástica reciclada, sí se envía a Estados Unidos, Colombia y la región andina escamas y pellets. De acuerdo a la Aseplas, en el 2025 representaron ingresos por 40.4 millones de dólares.
“Esto es relevante porque significa que el reciclaje ecuatoriano se abastece de material generado internamente, lo que fortalece la cadena nacional. Se debe considerar que por cada tonelada de materia prima reciclada que se produce en el país, se deja de importar resinas vírgenes”, remarca Adriana Lucas.
A decir de la directora de Aseplas, si bien la ley actual establece los mínimos de reciclado incorporado a la producción, aún no se ha diseñado un esquema robusto de incentivos tributarios o financieros que faciliten la transición, por lo que la política pública debe avanzar a un esquema de responsabilidad compartida, que reconozca el esfuerzo de las empresas que invierten en circularidad, generando condiciones equitativas frente a importaciones que no necesariamente cumplen los mismos estándares.