El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está encargado de renovar las autoridades de cinco instituciones. Entre esas, la Fiscalía General del Estado.
El caso inició después de que se acusó a varios consejeros de incumplir una sentencia constitucional emitida diciembre de 2024 al designar a Raúl González como Superintendente de Bancos.
