El experto explica que el presupuesto del Ministerio de Ambiente bordea los 20 millones de dólares, cuando se necesitan entre 70 y 110 millones para arrancar con un proceso de gestión adecuada de las áreas protegidas en el Ecuador.
El fallo internacional podría suponer obstáculos para los intereses extractivos. Varios de los encuentros violentos con los pueblos en aislamiento voluntario han ocurrido fuera de la Zona Intangible y de cerca de campos petroleros.
