Aunque la ONU instó al Estado y a Furukawa a actuar sin más demora para garantizar la reparación, al menos nueve demandantes fallecieron sin ver cumplido su legítimo anhelo de justicia y reparación.
Si bien en un inicio Furukawa rechazó la sentencia y aseguró que era imposible de cumplir, la empresa explicó este miércoles que podrá atender los pagos de las indemnizaciones si se le permite vender haciendas.
En su sentencia, el máximo tribunal de garantías de Ecuador ordenó a la compañía pagar indemnizaciones por valor en conjunto de más de 41 millones de dólares.