Ecuador deporta a ocho extranjeros considerados como amenaza para la seguridad interna
Entre los expulsados constan cuatro colombianos, un uruguayo y una venezolana considerados una amenaza o riesgo para la seguridad interna.
Ocho ciudadanos extranjeros fueron deportados de Ecuador tras una serie de operativos de control migratorio y seguridad ejecutados en Quito y las provincias de Imbabura, Carchi y Santa Elena, informó el Ministerio del Interior.
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Los procedimientos fueron desarrollados por la Subsecretaría de Migración en coordinación con la Policía Nacional, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Movilidad Humana.
Entre las personas deportadas constan cuatro ciudadanos colombianos, quienes fueron considerados una amenaza para la seguridad interna. Según las autoridades, estarían relacionados con actividades de préstamo y cobro ilegal de dinero, además de actos de intimidación.
También fue deportado un ciudadano uruguayo que registra antecedentes en su país de origen por delitos e infracciones como hurto, amenazas, desórdenes, violencia privada y daños, entre otros. Las autoridades ecuatorianas determinaron que representaba una amenaza para la seguridad.
Venezolana tendría presuntos vínculos con Los Lobos y el Tren de Aragua
Entre los ocho extranjeros consta además una ciudadana venezolana, quien fue deportada después de ser considerada una amenaza para la seguridad interna.
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De acuerdo con la información oficial, la mujer estaría relacionada con el expendio de sustancias sujetas a fiscalización y robo. Además, presuntamente mantendría vínculos con Los Lobos en Quito y el Tren de Aragua en Venezuela.
Los últimos sujetos fueron dos ciudadanos peruanos, cuyos casos responden a una causa distinta. Ambos fueron deportados por evadir el filtro migratorio, sin que la información proporcionada por las autoridades les atribuya vínculos con actividades delictivas.
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El Ministerio del Interior anunció que los operativos de control migratorio continuarán en diferentes zonas del país, como parte de las acciones para verificar la situación de ciudadanos extranjeros y el cumplimiento de la normativa migratoria vigente.