Niña de 10 años iba a ser entregada en matrimonio a un hombre de 50 años en Pastaza: fue rescatada y él quedó libre
El caso, que es investigado por el presunto delito de abuso sexual tomó un giro.
Una niña peruana de 10 años fue rescatada en una comunidad indígena de difícil acceso en Pastaza, en la frontera entre Ecuador y Perú, cuando presuntamente iba a ser entregada en matrimonio a un hombre de 50 años.
El caso fue dado a conocer el pasado 7 de agosto por el ministro del Interior, John Reimberg, quien informó que el rescate estuvo a cargo del Bloque de Seguridad, integrado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
La menor habría sido víctima de trata de personas con fines de matrimonio. La intervención se realizó en la comunidad Espejo, en la zona del río Tigre, como parte de una investigación coordinada entre las fiscalías de Ecuador y Perú, con apoyo de las Fuerzas Armadas peruanas.
La niña habría sido entregada para un matrimonio
Las investigaciones permitieron determinar que aproximadamente un mes antes se habría producido un intercambio transfronterizo de dos menores entre comunidades indígenas de la zona fronteriza.
Durante el operativo fue aprehendido un hombre identificado como Santi Cuji Washinton Favio, de 50 años, quien quedó inicialmente a órdenes de las autoridades.
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La niña fue puesta bajo protección y, de acuerdo con el Ministerio del Interior, recibiría atención médica y psicológica, además de protección integral y acompañamiento de las autoridades ecuatorianas y consulares.
¿Por qué quedó libre el hombre de 50 años?
Tras su aprehensión, el sospechoso fue llevado ante la autoridad judicial. La fiscal Kate Torres Manosalvas decidió no formular cargos en su contra durante la audiencia y el hombre recuperó su libertad.
La decisión generó un fuerte cuestionamiento del ministro Reimberg, quien calificó como “inaceptable” la decisión y solicitó a la Fiscalía General del Estado que revise la actuación de la funcionaria que intervino en el caso.
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Tras la controversia, la Fiscalía informó que inició un proceso de control jurídico sobre la actuación de la fiscal durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos por el presunto delito de abuso sexual.
La institución señaló que, al conocer el caso, activó los protocolos de alerta previstos para este tipo de delitos.
La Fiscalía también recordó que los fiscales ejercen sus funciones con autonomía e independencia y que conducen las investigaciones bajo su responsabilidad y conforme al ordenamiento jurídico.
No obstante, dispuso la revisión de la actuación de la fiscal. Si de este proceso se determina que existió responsabilidad disciplinaria por parte de los funcionarios que intervinieron en la causa, se adoptarán las acciones correspondientes.