El juez constitucional Richard Ortiz presentará un nuevo dictamen de admisibilidad para resolver si se da paso al juicio político en contra del presidente Lasso
El juez de la Corte Constitucional (CC), Richard Ortiz, presentará un nuevo proyecto de dictamen para establecer si se admite el juicio político a Guillermo Lasso, después de que el proyecto de la jueza Teresa Nuques no obtuviera los votos requeridos para ser aprobado.
Los jueces que deliberaron a favor del dictamen de admisibilidad elaborado por Nuques, en el que planteó que no se proceda con el juicio político en contra del mandatario, fueron los magistrados Carmen Corral, Enrique Herrería y ella misma.
Por otro lado, los que se expresaron en rechazo del proyecto fueron los jueces Alí Lozada, Richard Ortiz, Karla Andrade, Alejandra Cárdenas, Jhoel Escudero y Daniela Salazar.
La votación se llevó a cabo en una sesión extraordinaria, este lunes 27 de marzo. Ahora, el juez Ortiz, quien fue elegido mediante un nuevo sorteo, deberá presentar un proyecto que argumente la tesis de la mayoría de los magistrados hasta el martes 28 de marzo.
🔵#BoletínCC |La Corte Constitucional informa a la ciudadanía que el proyecto de dictamen correspondiente al Caso Nro. 1-23-DJ no ha obtenido la mayoría calificada para su aprobación. En Sesión Extraordinaria del Pleno Nro. 006-E-2023 se procedió con el resorteo del juez ponente. pic.twitter.com/REhaf9Cye5
— Corte Constitucional (@CorteConstEcu) March 27, 2023
De igual manera, el juez Alí Lozada, presidente de la CC, fue designado como coponente según lo establece el reglamento cuando el plazo para elaborar el dictamen es muy estrecho y aborda un tema considerado como sumamente complejo.
Se prevé que después de que el juez Ortiz remita su proyecto de dictamen de admisibilidad al resto de magistrados, se convocará otra sesión extraordinaria en la que el proyecto deberá reunir seis votos de aprobación para que la resolución sea oficializada.
El pedido de juicio político en contra Lasso, el cual busca su censura, ha sido apoyado en la Asamblea por el Partido Social Cristiano y UNES, con base a un informe presentado por una comisión legislativa que investigó el denominado caso "Encuentro", que involucró a personas cercanas al oficialismo supuestamente implicadas en un red de corrupción dentro de empresas públicas.