Caso Goleada: juez suspende juicio contra Fiorella Ycaza por su candidatura a la Alcaldía de Guayaquil

El juez suspendió la audiencia preparatoria de juicio para cuatro procesados.

Fiorella Ycaza, candidata a la Alcaldía de Guayaquil.
Carolina Farfán Endara

La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Goleada se reinstaló este miércoles 18 de noviembre de 2026, con una nueva decisión judicial para cuatro procesados, entre ellos Fiorella Ycaza, candidata a la Alcaldía de Guayaquil y esposa de Aquiles Alvarez.

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En la diligencia, la Fiscalía General del Estado continuó con la exposición de su dictamen acusatorio en el proceso por presunto lavado de activos, que involucra a 17 personas naturales y nueve personas jurídicas.

No obstante, el juez dispuso suspender esta etapa del proceso para Ycaza y otros tres investigados, debido a que sus candidaturas para las elecciones seccionales se encuentran en firme, según un informe del Consejo Nacional Electoral (CNE).

¿Quiénes son los procesados del caso Goleada que participan en las elecciones?

La decisión alcanza a cuatro procesados que participan como candidatos en las próximas elecciones seccionales del 29 de noviembre.

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Entre ellos figura Fiorella María Ycaza Samán, quien busca llegar a la Alcaldía de Guayaquil.

Los otros tres procesados son candidatos a concejales urbanos:

Elinán Pedro Juan Hidalgo: candidato por la Circunscripción Urbana 3.

David Andrés Alvarez Kronfle: candidato por la Circunscripción Urbana 3.

Gastón Aparicio Loy Correa: candidato por la Circunscripción Urbana 4.

La suspensión se fundamenta en un informe del CNE que confirma que las candidaturas de los cuatro procesados se encuentran en firme.

¿Qué investiga la Fiscalía en el caso Goleada?

El caso Goleada investiga un presunto entramado empresarial que habría sido creado para vulnerar los controles del Sistema Financiero Nacional sin generar alertas en las instituciones de supervisión.

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Entre los procesados se encuentran el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y sus hermanos Antonio y Xavier Alvarez, quienes estarían vinculados a un mismo esquema societario relacionado con actividades comerciales de venta de combustibles.

De acuerdo con la investigación, el grupo adquiría grandes volúmenes de diésel subsidiado por el Estado, destinados a abastecer a embarcaciones de bandera nacional desde un centro de distribución. Sin embargo, el combustible presuntamente habría sido desviado hacia embarcaciones internacionales, lo que habría generado beneficios económicos indebidos.

La Fiscalía sostiene que los recursos obtenidos mediante estas operaciones habrían sido utilizados para crear empresas de papel domiciliadas en Panamá, con las que supuestamente se simulaban obligaciones, se omitían ingresos y se aparentaban gastos.