Detención de Luisa González: ¿Cómo se conectan los casos Laberinto y Triple A?
Según la Fiscalía, los recursos de la campaña electoral correísta del 2023 habrían provenido de la comercialización ilegal de hidrocarburos.
La Fiscalía General del Estado expuso su teoría del caso Laberinto en el que se procesa a Luisa González y tres personas más por el presunto delito de lavado de activos. Los recursos irregulares habrían provenido de una empresa relacionada con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
La institución informó este lunes, 26 de octubre de 2026, que sigue el rastro de los recursos destinados a la campaña presidencial del 2023 de la Revolución Ciudadana (RC), Lista 5, cuando González fue binomio con Andrés Arauz.
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La hipótesis principal es que el correísmo habría financiado actividades proselitistas y publicitarias con dinero proveniente de la comercialización ilegal de hidrocarburos.
¿Cómo se conectan los casos Laberinto y Triple A?
La Fiscalía sostiene que los recursos irregulares habrían llegado de Ternape Petroleum S. A., empresa relacionada con Aquiles Alvarez.
Tanto esa empresa como el alcalde de Guayaquil fueron declarados culpables en primera instancia en el caso Triple A por comercialización ilegal de hidrocarburos.
La teoría se sostiene con base en proformas identificadas con ‘RC5’ y facturas por montos iguales emitidas a nombre de Ternape.
Además, la entidad asegura que ha identificado transferencias y cheques al portador que se habrían utilizado para canalizar recursos hacia proveedores de publicidad y cubrir gastos logísticos de campaña.
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Otros elementos dentro de la investigación son chats y comunicaciones, que contendrían referencias a empresas de Alvarez y gastos electorales. En esas conversaciones se habría solicitado que las facturas no incluyeran la palabra “campaña”.
De hecho, los diálogos también mencionan a Flonape Overseas, empresa domiciliada en Panamá. Esta compañía es investigada en el caso Goleada como una empresa de papel (offshore), vinculada con el alcalde de Guayaquil.
Agrega que estas operaciones habrían permitido movilizar aproximadamente USD 500.000 mediante un presunto esquema de lavado de activos.
La Fiscalía formuló cargos contra Luisa González, Santiago Díaz Asque, Wendy Onofre y Estefanía Molina. Los tres primeros recibieron prisión preventiva, mientras que Molina obtuvo presentaciones periódicas tres días por semana, prohibición de salida del país y uso de dispositivo de vigilancia electrónica.
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El contexto político de la detención de Luisa González
La detención ocurrió a cuatro semanas de la celebración de las elecciones seccionales en Ecuador, donde la Revolución Ciudadana ha sido suspendida y no puede participar, a petición del Ministerio Público, a raíz de otro caso denominado Caja Chica por lavado de activos.
En ese proceso también fue implicada Luisa González y otras siete figuras del correísmo debido a una supuesta financiación de la campaña del 2023 con dinero en efectivo traído desde Venezuela.
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La RC ha dicho que el caso Laberinto “se ha montado de forma exprés” y que “busca disfrazar lo que en estricto derecho constituye una supuesta discrepancia administrativa en cuentas de campaña”.