Alcaldes habrían recibido llamadas para ser retirados de fiscalización patrimonial de la Asamblea
La alerta se dio a conocer mientras la Asamblea avanza con la fiscalización de los presuntos incrementos injustificados en los patrimonios de alcaldes y prefectos.
Una denuncia por presunta extorsión será presentada este martes 22 de septiembre ante la Fiscalía después de que se revelaran supuestos mensajes a autoridades seccionales cuyos patrimonios son investigados por la Asamblea Nacional.
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Los implicados habrían ofrecido sacar a los funcionarios de la lista de 245 alcaldes y prefectos sometidos a fiscalización, según informó el presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Cristian Benavides, en declaraciones recogidas por Primicias.
El legislador, que acudirá a la Fiscalía General del Estado, en Quito, para poner el caso formalmente en conocimiento de las autoridades, dio detalles sobre el incidente.
El caso surgió a partir de la advertencia de un alcalde de la provincia de Pichincha. Como parte de la información recopilada, la autoridad proporcionó números de teléfonos celulares y otros datos con los que se buscará determinar la identidad de las personas involucradas.
Los autores de las llamadas se habrían identificado como “ciudadanos de la Asamblea”. No obstante, Benavides aseguró que no serían funcionarios del Legislativo y se refirió a ellos como un “círculo de extorsionadores”.
Asamblea amplía plazo para fiscalizar a 245 autoridades
La alerta se dio a conocer mientras la Asamblea avanza con la fiscalización de los presuntos incrementos injustificados en los patrimonios de alcaldes y prefectos. El proceso comprende a 245 autoridades seccionales del país.
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Este martes, el Pleno de la Asamblea aprobó con 82 votos una prórroga de 10 días para que la Comisión de Gobiernos Autónomos concluya y entregue su informe final, según el boletín oficial difundido por el Legislativo.
Benavides explicó que el trabajo sufrió cambios después de la transición en la presidencia de la Comisión, cargo que asumió el pasado 19 de agosto.
Posteriormente, el pasado 8 de septiembre, la mesa aprobó una hoja de ruta que contempla comparecencias, solicitudes de información y actualización de datos provenientes de distintas instituciones.
Para el análisis se contrastan datos patrimoniales y financieros y se aplican metodologías utilizadas por instituciones como la Contraloría General del Estado y el Servicio de Rentas Internas (SRI). La información recibida todavía debe ser sistematizada y unificada antes de elaborar las conclusiones.
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El proceso de fiscalización fue dispuesto originalmente por el Pleno el 23 de junio de 2026, con un plazo de 90 días. La revisión comprende a 221 alcaldes y alcaldesas y 24 prefectos y prefectas de todo Ecuador.