Mercedes Caicedo: "Pedimos perdón por no responder a la ciudadanía con una justicia ágil"
En entrevista con Vistazo, la presidenta del Consejo de la Judicatura defiende la polémica decisión adoptada en días pasados, que concierne a los jueces anticorrupción.
Mercedes Caicedo tiene 135 días frente al Consejo de la Judicatura. La ventana de la oficina de Presidencia, en un piso alto del edificio, deja ver las columnas de humo tras el incendio que consumió parte del cerro Itchimbía, en el oriente de Quito. En la Judicatura hay otro incendio. El pleno decidió reestructurar la unidad especializada de jueces anticorrupción y crimen organizado, e integrarla con otro cuerpo de juzgadores penales que trabaja en la capital.
En entrevista con Vistazo, la funcionaria con 16 años de trayectoria en la función judicial, explicó que la reestructuración forma parte de un plan integral para reorganizar el sistema. La lógica es ésta: hay jueces con poca carga laboral, mientras otros tienen saturación de cargas.
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Según el informe técnico, la unidad anticorrupción con 19 jueces acumulaba 480 causas activas. En tanto, la unidad de Iñaquito a la que se fusiona tiene 31 juzgadores, que mantienen en total cinco mil causas acumuladas.
La herencia nefasta del caso Metástasis se vive en la justicia
El legado de un presidente de la Judicatura que decía ‘venir de las estrellas’ y que chateaba con operadores y abogados del narcolavador Leandro Norero deja secuelas. Wilman Terán fue sentenciado como parte de la estructura del caso Metástasis.
En cambio, otro presidente de la Judicatura, Mario Godoy, fue señalado por presuntas presiones en contra del juez anticorrupción Carlos Serrano.
“Cargo una cruz que no es mía”, dice Caicedo, quien fue jueza penal. En tal función fue ponente en el tribunal que conoció el caso Metástasis.
A llegar a Judicatura encontró más de mil causas que se relacionan con funcionarios judiciales ligados a la delincuencia organizada. Las causas prescribieron, por tanto, a nivel administrativo ya no caben acciones.
Por esta falta de respuesta frente a los delitos la sociedad no tiene confianza en el sistema de justicia.
“Pedimos perdón por no dar respuestas que exigen los ciudadanos”, afirma la presidenta. Y explica que el pleno de la Judicatura se declaró en emergencia para resolver los temas pendientes, entre ellos, la depuración.
Los 1.700 jueces serán evaluados
Hay diez años de abandono en el sector, explica Caicedo, mientras adelanta que la evaluación de 1.700 jueces ya está en marcha.
Esta vez, el proceso incorporará ‘pruebas de confianza’, exigidas por la actual legislación. Se trata de mecanismos para detectar si los evaluados están diciendo falsedades.
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Del mismo modo, otra de las urgencias consiste en llenar al menos 200 de las 734 vacantes identificadas a nivel nacional.