Aquiles Alvarez es sentenciado a 6 años y 9 meses de prisión por el Caso Triple A
El Tribunal determinó que la Fiscalía demostró la responsabilidad penal del alcalde de Guayaquil, en calidad de autor directo.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, fue condenado este sábado 29 de agosto a seis años y nueve meses de prisión por el delito de comercialización ilegal de hidrocarburos, dentro del denominado caso Triple A.
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La decisión fue anunciada por el Tribunal durante la reinstalación, de manera telemática, de la audiencia de juzgamiento contra 15 personas naturales y seis personas jurídicas procesadas por este caso.
Los jueces señalaron que, luego de analizar las pruebas presentadas durante la etapa de juicio, existe certeza sobre la comisión del delito de comercialización ilegal de hidrocarburos. Posteriormente, el Tribunal pasó a analizar la responsabilidad individual de los procesados.
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En el caso de Alvarez, que se encuentra en la Cárcel del Encuentro desde inicios de marzo de este año, tras su detención por el Caso Goleada, los magistrados concluyeron que la prueba presentada por la Fiscalía General del Estado demostró su responsabilidad penal como autor directo del delito imputado.
Esta condena contra el alcalde se suma a la sentencia del Caso Grillete, de tres años de pena privativa de libertad, emitida por el Tribunal de Garantías Penales de Durán el pasado 3 de agosto.
Además de Álvarez, el Tribunal determinó que Raúl Z., Juan A. y Edgar F. también son responsables, en calidad de autores directos, condenándolos a 6 años y 9 meses de pena privativa de libertad. Los jueces señalaron que la prueba permitió establecer la responsabilidad penal de otras cinco personas naturales y de las seis personas jurídicas procesadas.
¿Qué investigó la Fiscalía en el caso Triple A?
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la entonces Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que alertó sobre una presunta distribución y comercialización irregular de combustibles.
Según la Fiscalía, existían diferencias considerables entre los volúmenes de combustible despachados y los facturados por determinadas estaciones de servicio y empresas.
A partir de los elementos de convicción recopilados, la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción identificó presuntos vínculos entre las compañías investigadas y otras distribuidoras de combustible.
En estas operaciones se habrían comercializado grandes cantidades de hidrocarburos, principalmente diésel, en transacciones en las que la Fiscalía detectó presuntas irregularidades.
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La investigación también puso el foco en varias estaciones de servicio ubicadas en zonas fronterizas y mineras. Según la hipótesis fiscal, parte del diésel subsidiado por el Estado habría sido desviado hacia actividades o segmentos para los que este beneficio no estaba destinado.