Regreso al pasado

La persecución emprendida por el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de la Judicatura en contra de la fiscal general Diana Salazar evidencia un lamentable regreso al pasado. Un “colectivo ciudadano” presentó una denuncia sobre un supuesto plagio en la tesis de la Fiscal y pide su destitución. Los colectivos ciudadanos fueron la moneda corriente para perseguir a los opositores durante la administración del expresidente Rafael Correa, entre los cuales se incluye a esta revista enjuiciada por una supuesta infracción electoral, a pedido de un colectivo ciudadano, vinculado al poder.

Detrás de la denuncia contra Salazar, en cambio, aparece la esposa del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión sentenciado en dos instancias por abuso sexual. Arrogándose funciones que no las tiene, el Consejo de Participación Social presidido por el abogado del expresidente Correa, Alembert Vera, quiere actuar como la Asamblea Legislativa para intimidarla. Vera es secundado por el Consejo de la Judicatura, que tampoco posee atribuciones para sancionar a la Fiscal por tres meses, pues ella no es una funcionaria de carrera sobre la cual no rige administrativamente el Consejo de la Judicatura. Además, tres de sus vocales están enjuiciados por tráfico de influencias y por lavado de activos. Las acciones de estas dos instituciones son un atentado al Estado de derecho, columna vertebral de una sociedad democrática y deben ser rechazadas porque buscan fomentar la impunidad de quienes han sido acusados y sentenciados en varias instancias por acciones de la fiscal Diana Salazar.