Juez exige al Gobierno de Trump revelar la justificación legal de los ataques letales contra las narcolanchas
Desde septiembre de 2025, se han llevado a cabo más de 70 ataques contra lanchas acusadas de narcotráfico.
Un juez federal de Estados Unidos exigió este miércoles al Gobierno de Donald Trump que le entregue en un plazo de 14 días el documento que recoge la justificación legal de los ataques estadounidenses contra lanchas en aguas del Caribe y el Pacífico.
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Desde septiembre de 2025, el Gobierno de Trump ha llevado a cabo más de 70 ataques contra lanchas acusadas de narcotráfico, que han dejado al menos 230 muertos.
En Ecuador, son ocho las embarcaciones ecuatorianas que han sido bombardeadas por fuerzas estadounidenses desde el pasado 28 de agosto, cuando el Comando Sur empezó a informar de los ataques, realizados en coordinación con el Gobierno ecuatoriano.
El sustento legal de los ataques con drones
El magistrado Paul Engelmayer, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, pidió a la Administración de Trump que entregue, "en privado", el memorando del Departamento de Justicia de EE.UU. de septiembre de 2025 en el que se recoge la justificación legal de los ataques militares letales de Estados Unidos contra embarcaciones supuestamente sospechosas de narcotráfico.
El juez reclamó un documento de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia (OLC, por sus siglas en inglés) en el que el propio Gobierno federal analiza la autoridad del presidente Trump para ordenar ataques letales o con drones.
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El texto se elaboró en septiembre de 2025, cuando el Departamento de Defensa comenzó oficialmente a ejecutar estos ataques.
Además, el magistrado pidió al Gobierno de Trump que le indique quién ha tenido acceso al documento, cuándo lo tuvo y con qué propósito.
Engelmayer requirió también una base de datos completa en la que se justifique la razón por la que estas personas sí tuvieron acceso.
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El caso se abrió después de que grupos de derechos civiles de EE.UU. demandaran al Gobierno de Trump para impulsar la publicación de esta justificación.
La demanda fue interpuesta por el Centro para los Derechos Constitucionales, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y su rama de Nueva York (NYCLU) y en la corte del distrito sur de esta ciudad, después de que el Gobierno no respondiera a una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA, en inglés).