¿Quién está detrás de los partidos y movimientos fantasmas en Ecuador?
Tiendas políticas con directivos encausados penalmente. Organizaciones que reviven para elecciones. ¿Cómo impactarán las reformas al Código de la Democracia a las seccionales?
Los comicios seccionales que se realizarán en noviembre dejan al descubierto un fenómeno que afecta a la democracia ecuatoriana. Varias organizaciones políticas se convirtieron en simples vehículos para concretar las ambiciones electorales.
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Esto lo confirma una investigación realizada por la organización de la sociedad civil Participación Ciudadana, PC.
La investigación, avalada por PC, monitoreó todas las organizaciones políticas a nivel nacional. Estuvo a cargo de la consultora y periodista Mariela Cevallos.
La investigadora explica que en enero de 2025 el equipo solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) información de todas las organizaciones que constaran en el registro. Para conocer la dinámica de las agrupaciones políticas que operan requirieron 12 indicadores.
El hallazgo es demoledor. El 40 por ciento de las tiendas políticas mantenía el Registro Único de Contribuyentes (RUC) cerrado, suspenso o inactivo. Más de la mitad había registrado una dirección de sede distinta ante el electoral y ante el ente de control tributario, menciona Cevallos.
Hay falencias en el registro a cargo del ente electoral
El papel del ente electoral como agente de control queda en entredicho.
A la fecha del estudio se confirmó la existencia de 233 organizaciones políticas, entre partidos y movimientos de presencia nacional y local. El número actual ascendería a 234, según el último dato del electoral.
Cómo empezó la avalancha de organizaciones locales
Antes de las elecciones seccionales que se realizaron en 2019 se multiplicaron los movimientos locales, cantonales y parroquiales, según el informe.
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Entre el dos de agosto de 2018, cuando asumió funciones el Consejo Nacional Electoral Transitorio, hasta el 24 de septiembre de ese mismo año, se aprobó la inscripción de 102 nuevas organizaciones políticas. En el horizonte estaban los comicios para alcaldías, prefecturas, entre otros.
Un caso emblemático es el de Azuay. Según el informe tiene 18 movimientos, cuatro provinciales, 12 cantonales y dos parroquiales. Diez de ellos fueron inscritos entre abril y septiembre de 2018, para terciar en las seccionales. Y así, se repite el patrón en varias provincias.
El estudio llega a estructuras políticas comandadas por empresarios con contratos con el Estado; figuras que ocuparon cargos de elección popular o que pasaron por puestos públicos. En algunos grupos prima el caciquismo. Suprimido un grupo político, un pariente del inhabilitado abre de inmediato otra tienda, para no perder la clientela.
Y un capítulo aparte son las organizaciones con representantes legales o directivos encausados penalmente. Al menos cuatro casos fueron identificados en El Oro, Esmeraldas, Manabí y Santa Elena, con directivos que enfrentaron causas por delincuencia organizada y corrupción.
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El Código de la Democracia trae cambios a las reglas del juego electoral
El sistema electoral ecuatoriano adolece graves defectos estructurales, advierte el analista político y experto electoral Alfredo Espinosa.
Así como fue tan fácil inscribir una organización, se volvió difícil extinguirla, por efecto del Código de la Democracia de 2009, explica Espinosa, quien es autor del libro “Democracia en Tensión: el sistema de partidos en Ecuador”.
Para que una organización mantuviera su vigencia debían cumplirse estos requisitos: el cuatro por ciento de votos en dos elecciones pluripersonales consecutivas; o conseguir tres curules legislativas; o el ocho por ciento de Alcaldías; o una concejalía en al menos el diez por ciento de los cantones.
Estas reglas están a punto de cambiar, por efecto de la reforma al Código de la Democracia, que regirán luego de los comicios seccionales de noviembre.
En lugar del cuatro por ciento deberán obtener al menos el cinco por ciento de los votos válidos en elecciones pluripersonales; los demás requisitos no varían.
Pero el cambio sustancial tiene que ver con las alianzas. Si tres organizaciones políticas se alían para correr en un proceso electoral, la totalidad de los votos se dividirá entre las tres, en lugar de poder adjudicarse cada una ese total de votos.
De esta manera, algunas organizaciones políticas estarían próximas a la sepultura luego de las elecciones que vienen.
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Juntos y revueltos en tiempos de elecciones; casos insólitos
El director nacional de Unidad Popular (UP, exMPD), Geovanni Atarihuana daba estas declaraciones al diario “El Telégrafo”. Era el 22 de julio de 2018 y esa organización política, autocalificada de izquierda, se declaraba sobreviviente de los embates de la revolución ciudadana.
Si bien esa tienda apoyó al correísmo en sus inicios (de hecho, puso palos y piedras para promover la Asamblea Constituyente que dio plenos poderes a la revolución ciudadana), pasó a la disidencia poco tiempo después.
Ocho años más tarde, Atarihuana defiende como un acto de “generosidad y desprendimiento” la alianza electoral con la revolución ciudadana, para la inscripción de candidatos para Pichincha, con miras al proceso de seccionales previsto para noviembre de 2026.
No es solo matrimonio de conveniencia. Es un ménage à trois. En la así llamada Alianza Ciudadana entra también el Partido Socialista, fundado en mayo de 1926. En el pasado, el socialismo fue fragmentado durante la revolución ciudadana. A la fórmula se suma un movimiento provincial de Pichincha, bautizado como Todos.
Bajo este paraguas, el alcalde de Quito Pabel Muñoz busca la reelección, en vista de que su tienda política de origen, la revolución ciudadana está en capilla.
Suena a paradoja. El correísmo busca apoyo para correr en las elecciones entre representantes de la rancia partidocracia. Ésa a la que tantas veces denostaba.
Todo tiene una explicación. Su otro posible vehículo electoral, el movimiento Amigo, quedó en el limbo, en medio de una investigación judicial por supuesto delito de lavado de activos, de sus dirigentes. El expediente abierto por Fiscalía coincide con la fase de inscripción de candidaturas. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) declaró la suspensión de Amigo, mientras los correístas denuncian un tufillo a persecución política, para impedir su participación en urnas.
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Cuando Amigo se quedó sin amigos, qué pasa con este movimiento
Esta organización tiene su origen en un movimiento manabita, MejorEC. En Manabí hay 22 movimientos aprobados. A pesar de ser una organización de alcance provincial, su entonces líder Daniel Mendoza, quien era asambleísta a inicios de 2020, habría maniobrado para obtener el reconocimiento como organización nacional.
La moneda de canje habría sido el apoyo al archivo del juicio político que se sustanciaba en la comisión de Fiscalización, contra la entonces presidenta del electoral, Diana Atamaint, según el testimonio de unos involucrados en el caso hospitales de Manabí, recogido en el estudio “Perspectivas de las elecciones 2021 y la fragilidad de la institucionalidad política”, de Alfredo Espinosa, analista político y experto electoral.
Cuando Mendoza cayó en desgracia, por el entramado del reparto de contratos de salud pública, la agrupación pudo convertirse en un partido de alquiler, “todo esto enmarcado en la opacidad respecto de su trayectoria”, advierte.
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El hecho es que esta tienda sonaba como posible aliada del correísmo para las próximas seccionales. Sorpresivamente, Fiscalía anunció el inicio de una investigación por supuesto lavado de activos y el Tribunal Contencioso Electoral la suspendió de los comicios.
Lo cierto es que quedó fuera de juego, al menos por el momento. El efecto de la negociación en la que participan los partidos de alquiler es más notorio en los comicios locales. Para el investigador, la falta de capacidad del electoral para controlar impide monitorear los mecanismos de financiamiento en estos procesos.