Capturan a once presuntos miembros de una red de pornografía infantil, tras operativo en cuatro provincias

Luego de una investigación que inició hace seis meses, en un mega operativo se logró la desarticulación de una red de pornografía infantil a escala nacional, este miércoles 25 de abril de 2023.

Agentes de la Policía Nacional y Fiscalía realizaron varios allanamientos en las provincias de Manabí, Guayas, Azuay y Pichincha, donde se dieron las detenciones de once implicados.

La aprehensiones se realizaron en el marco de la operación denominada "Protección Infantil V", que contó con el apoyo del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador y la organización OUR Rescue.

A los detenidos se les investiga por presuntamente almacenar, descargar y poseer material de pornografía infantil, según detalló la Fiscalía General del Estado, que en las próximas horas formulará cargos contra los arrestados.

"Contundentes operativos ejecutados la madrugada de hoy, dejan hasta el momento como resultado la desarticulación de una presunta organización delictiva, que participaría en el delito de pornografía infantil a escala nacional", resalto Fausto Salinas, comandante general de la Policía.

El artículo 103, incisos primero y tercero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica la pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes: “la persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual; será sancionada con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años.

Cuando la persona infractora sea el padre, la madre, pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tutor, representante legal, curador o pertenezca al entorno íntimo de la familia; ministro de culto, profesor, maestro, o persona que por su profesión o actividad haya abusado de la víctima, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años”.