Así operaba una organización para asaltar locales comerciales en Quito: hacían un trabajo de inteligencia

Ocho presuntos integrantes de una organización delictiva dedicada al robo de locales comerciales fueron procesados en Quito.

Fiscalía formuló cargos por su presunta participación en el delito de asociación ilícita con fines de robo.

Su captura se dio la madrugada del pasado jueves 10 de noviembre en un operativo liderado por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti 9), a cargo del fiscal Mario Muñoz.

De acuerdo con la investigación previa, iniciada en julio de 2022, los procesados se habrían organizado para conformar un grupo delictivo que perjudicaba a propietarios de negocios de los valles de Los Chillos y Tumbaco, de Chimbacalle, Quitumbe, La Ecuatoriana, La Magdalena, La Libertad, Centro Histórico, Iñaquito, Llano Grande, entre otros sectores.

Según la teoría expuesta por el fiscal en la audiencia, los procesados hacían un trabajo previo de inteligencia a sus víctimas y, durante la madrugada, recorrían los locales comerciales seleccionando los que estaban situados en zonas de poca circulación.

Las seguridades de los establecimientos eran violentadas con cizallas, “patas de cabra” y alicates. Para abrir las puertas empleaban gatas hidráulicas.

Los objetos robados eran llevados a inmuebles situados en Quitumbe y el cantón Mejía, que eran alquilados por la organización para almacenamiento.

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Fiscalía precisó que estas actividades ilícitas eran lideradas por José G., Víctor Hugo U. y José C., y coordinadas con Agustín T., Wilson I., José T., José P., Fabián T. y Rodrigo V.

Para estas ocho personas, Fiscalía motivó legalmente la prisión preventiva, medida cautelar que fue acogida por un Juez de Garantías Penales.

Entre los elementos de convicción expuestos por el fiscal Mario Muñoz constan los informes de vigilancias y seguimientos que la Policía hizo a los sospechosos –con autorización judicial–, videos de las cámaras de seguridad de los locales violentados, versiones de las víctimas, la relación telefónica que mantenían los sospechosos que evidenciarían la planificación de los robos, entre otros.

La instrucción fiscal, cuyo plazo es de noventa días, inició por un presunto delito de asociación ilícita con fines de robo con fuerza en las cosas.