¿Depuración imposible? 653 policías destituidos en los últimos 4 años volvieron a sus cargos por decisión de jueces

Al atardecer del sábado 11 de noviembre de 2006, Óscar Caranqui jugó voleibol con sus compañeros de prisión. Por una molestia en una de sus rodillas, se acostó temprano. Esa noche había bullicio en los corredores del exPenal García Moreno. En la celda número uno del último piso, frente a la que ocupaba Caranqui, había una competencia de baile entre un teniente y un interno. Apostaban y el premio era licor. Eso es, al menos, lo que luego relató Caranqui. Él estaba preso por narcotráfico.

REVISE TAMBIEN: El FBI abre una oficina en Ecuador para combatir las 'amenazas de terrorismo y de inteligencia extranjera'

Hacia las diez y cuarto de la noche, algunos policías irrumpieron en su celda, la número 11 del exPenal. Uno de los uniformados le enseñó un documento, una especie de salvoconducto para que Caranqui saliera con ‘fines investigativos’.

Ésa era solo una fachada. En realidad, el preso más famoso por delitos de narcotráfico de la época había salido ya en otras ocho ocasiones del exPenal.

Y en todas había tenido apoyo de policías, que le prestaban uniformes para que él se hiciera pasar por un miembro policial.

Desde la navidad de 2005 había salido de la cárcel para divertirse en centros nocturnos. Siempre retornaba antes de las 06h00, cuando se producía el cambio de guardia.

Ese 11 de noviembre, Caranqui pensó que era una de las salidas para una noche de diversión a las que ya se estaba acostumbrando. Solo que a diferencia de las anteriores, ésta no había sido planificada.

Pero esa noche era distinta. La salida fue frustrada. Algunos medios de comunicación esperaban afuera del entonces llamado Centro de Rehabilitación número 1. Constataron que Caranqui vestía el traje gris de la policía.

Al saber que había sido descubierto, él gritó que salía con ayuda de altos oficiales. La conmoción fue tal que la Comisión de Fiscalización del entonces Congreso Nacional convocó a una sesión extraordinaria.

REVISE TAMBIÉN: Ministro Reimberg anuncia incautación de 1,5 toneladas de droga frente a Manta: hay dos detenidos

El 21 de noviembre de ese 2006, vistiendo traje café oscuro, camisa blanca y corbata roja, Óscar Caranqui fue testigo de primera fila. Narró que no había sido un intento de fuga el que se había producido nueve días antes. Y relató que las salidas habían sido periódicas, siempre con apoyo de policías.

Ocho días más tarde, los jueces Alberto Moscoso, Patlova Guerra y Trajano Vargas, de la segunda sala de lo Penal de la Corte Superior de Quito ratificaron la sentencia de 16 años, en contra de Caranqui y su esposa, por tráfico de drogas. En 2010 él fue trasladado a La Roca. En 2013 fue asesinado en su celda. El libro que escribió, que documentaba relaciones con el poder político, no vio la luz por orden judicial. En la institución policial empezó un proceso de purga interna lleno de complicaciones.

Han pasado dos décadas y la depuración de la policía todavía enfrenta un gran obstáculo. Por órdenes de jueces, unos 1.300 miembros separados de la fuerza por actos de corrupción, delitos u otras irregularidadaes volvieron a la entidad por la puerta grande. Esto ocurrió en los últimos 10 años. Lo revela a esta alianza el general Víctor Herrera, quien está a cargo de la Inspectoría General de la Policía.

Ciertos jueces se convierten en instrumentos de la impunidad. No se puede depurar esa fuerza si operadores de justicia devuelven policías a esas filas.

La investigación interna en la policía detectó que Caranqui intentó abandonar el centro carcelario en complicidad con policías que se encontraban de guardia en esa jornada.

Los guías penitenciarios detectaron la irregularidad y se contactaron con la central de radio patrulla, que impidió la fuga. La noticia se filtró a los periodistas que estaban de turno, esa noche.

Ocho servidores policiales fueron involucrados y llamados a juicio. Cuatro subtenientes como autores directos. Además, un cabo segundo y tres policías como cómplices.

Todos fueron dados de baja en 2007. Ellos apelaron esa decisión. El Consejo de Generales firmó el 12 de diciembre de ese año la resolución que ratificaba la situación de la baja del grupo.

REVISE TAMBIÉN: EE.UU. advierte a Latinoamérica que está listo para 'ofensiva' militar contra narcoterroristas y pide apoyo a gobiernos

La justicia sentenció a ocho años de prisión a los autores directos. Y cuatro años para los cómplices. Sin embargo, apelaron a las sentencias.

Dos subtenientes, un cabo segundo y un policía lograron el sobreseimiento. De estos cuatro sobreseídos, tres han insistido en volver a la fuerza policial. Dos lo lograron.

Uno de los subtenientes fue dado de baja por primera vez el 9 de mayo de 2008. Por resolución del juez octavo de lo Civil de Pichincha, el 13 de junio de 2008, quedó insubsistente la baja. Sin embargo, el 6 de junio de 2013 fue dado de baja por segunda vez. El 22 de octubre de 2021, la unidad judicial del Distrito Metropolitano de Quito decidió su reincorporación. En diciembre de 2024 se dispuso nuevamente su salida de la entidad. En conclusión, salió en el tercer intento. Cuando deja la institución ya ostentaba el rango de capitán.

En cambio, uno de los subtenientes y un policía, que ostentaban esas jerarquías en 2006 y que fueron sobreseídos, volvieron a la institución policial tras presentar sendos recursos judiciales.

El subteniente que recibió la baja en mayo de 2008 presentó una acción de protección. La primera sala de lo penal de la Corte de Justicia de Pichincha dejó insubsistente la baja en marzo de 2010. El 6 de junio de 2013 se decidió la baja por segunda ocasión. Pero en enero de 2022 fue reincorporado, gracias a una acción de protección. La tercera sala de lo penal, colusorio y tránsito de la Corte Provincial de Pichincha acogió su petición

Se encuentra activo en las filas y presta sus servicios en Quito.

El policía que recibió la baja en marzo de 2008 fue reincorporado en septiembre de 2023. Esto, por efecto de la sentencia de la sala especializada de lo penal, penal militar, penal policial y tránsito de la corte provincial de Pichincha. Actualmente presta sus servicios en Quito.

REVISE TAMBIÉN: ‘Todo lo tenemos mapeado’: Reimberg advierte a bandas que se hayan movido para evadir el toque de queda

57 mil uniformados integran en la actualidad las filas policiales. Desde 2015, aproximadamente 1.300 policías separados de la institución, por distintas causas, volvieron a sus cargos por decisión de jueces, advierte el inspector de la policía, general Víctor Herrera, entrevistado por esta alianza.

“Estas acciones legales tienen un pie de firma, un juez responsable. Nos llama la atención que hay jueces que tienen hasta 15 o 20 casos de reincorporación. Son órdenes de jueces competentes y, si no cumplimos, estamos cayendo casi en el desacato e inclusive los reincorporados llegan con disposiciones de reparaciones económicas”, afirma.

Varias cartas de reclamo ha enviado la entidad al Consejo de Judicatura, para alertar de la magnitud del problema.

De hecho, explica Herrera, hay una “falta de articulación”. “A veces le mandan al mismo servicio del que salieron con problemas, digamos que salieron de Antinarcóticos y tienen que regresar a Antinarcóticos”.

El mensaje de fondo, detrás de estas acciones legales recubiertas de aparente legitimidad, es la impunidad.

Solo entre 2021 y 2025, 653 policías destituidos se reincorporaron por decisiones jurídicas.

Entre 2025 y lo que va de 2026, en la policía hubo 1.515 sumariados. De ese total, solo 509 casos llegaron a destitución. La causal principal, en el 61 por ciento de veces, es la ausencia injustificada del trabajo.

Esto tiene una explicación. Cuando el policía comete un delito, enfrenta dos procesos. Del penal se hace cargo la justicia. Del procedimiento administrativo disciplinario se hace cargo la entidad policial. Normalmente, al tercer día de ausencia injustificada el uniformado es separado de la entidad. Pero algunos encuentran todo tipo de argucias para justificar la falta, entre ellas, certificados médicos alterados.

“No estamos juzgando el presunto delito, estamos juzgando su ausencia y es ahí donde empiezan las argucias, como certificados médicos falsos, para conseguir órdenes de jueces competentes que piden su reincorporación. Ese bache con la justicia envía una señal de impunidad; hemos enviado varias cartas de queja a la Judicatura”, advierte Herrera.

Su mensaje es contundente. Si un policía irrespeta su uniforme y colabora con el crimen tiene dos caminos. Saldrá de las filas policiales. Y quedará a merced de las estructuras criminales.

Cifras de la corrupción policial

Un estudio académico reveló la gravedad del problema. Se basó en el análisis de sentencias del tipo penal de delincuencia organizada. Fue un muestreo de causas entre 2016 a 2020, según explica el experto Renato Rivera, quien dirigió el trabajo.

El hallazgo: en uno de cada diez casos, se encontró la vinculación de al menos un policía en servicio activo o pasivo. En cerca del 70% de casos, el delito relacionado a delincuencia organizada era tráfico de drogas.

Una nueva muestra analizó los casos entre 2020 y 2022. La incidencia bajó al 4%. Al determinar si hubo un descenso, quedaron algunas preguntas flotando. Entre ellas, si en las cifras de la Policía se registraban como faltas administrativas casos relacionados con el presunto cometimiento de delitos.

Más detalles sobre este tema en la edición impresa de Vistazo, ya en circulación.