Judicatura destituye a juez de Guayaquil por alterar sentencias y favorecer a infractores de tránsito
Juez del Guayas que favoreció a detenidos por contravenciones de tránsito fue destituido y su caso será enviado a la Fiscalía.
El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó este jueves 30 de octubre de 2025 a H.M.B.H., quien se desempeñaba como juez de la Unidad Judicial Penal Norte No. 1 de Guayaquil. En sus fallos beneficiaba a detenidos por contravenciones de tránsito.
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La decisión fue adoptada en la sesión ordinaria N.º 100-2025, tras constatarse la participación del exmagistrado en actuaciones que "comprometen gravemente la imparcialidad y transparencia del servicio judicial".
Modus operandi del juez
Una investigación disciplinaria evidenció irregularidades en las audiencias orales de flagrancia por contravenciones de tránsito.
Según el CJ, el exjuez anunciaba una resolución durante la audiencia, pero en la sentencia escrita modificaba el fallo, sustituyendo penas de prisión por trabajo comunitario y favoreciendo a determinados infractores. Se presume que, por estas acciones, el funcionario obtenía algún tipo de beneficio.
Las autoridades judiciales detectaron que este patrón se repitió en diez procesos y se habría realizado en coordinación con terceros, ya que las solicitudes eran presentadas por un abogado en libre ejercicio con idéntico formato, redacción y fundamentos jurídicos, las cuales eran acogidas de manera inmediata por el juez sancionado.
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El Consejo de la Judicatura estableció que estas acciones vulneran los principios de independencia, imparcialidad, integridad y transparencia judicial, y contravienen lo establecido en el Código de Ética de los Servidores y Trabajadores de la Función Judicial, afectando la confianza ciudadana en el sistema judicial.
Las autoridades dispusieron que el caso sea remitido a la Fiscalía General del Estado, por cuanto los hechos descritos pueden constituirse en delito.
Además, la decisión se pondrá en conocimiento del Ministerio de Trabajo ya que la Resolución aprobada genera inhabilidad para ejercer cargos públicos.