CasoUnival: ¿Por qué cerró la universidad que dejó a 2.700 ecuatorianos sin título válido?
Tras una sentencia de la Corte del Guayas, el Ministerio de Educación anuló miles de registros académicos de la institución centroamericana.
La incertidumbre se ha apoderado de más de 2.700 profesionales ecuatorianos luego de que el Ministerio de Educación resolviera anular sus títulos obtenidos en la Universidad Internacional de la Integración de América Latina (Unival).
La medida, impulsada por una sentencia de la Corte del Guayas, pone fin a años de irregularidades de una institución que, pese a las alertas del Consejo de Educación Superior (CES), continuó captando estudiantes en la modalidad online.
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Antecedentes y alertas del Consejo de Educación Superior
Desde el 2024, el CES ya advertía que la Unival no contaba con las acreditaciones exigidas por las leyes ecuatorianas para ofertar programas de pregrado o posgrado. Sin embargo, la oferta académica virtual de la institución que incluía 29 maestrías internacionales resultó atractiva para decenas de estudiantes que buscaban títulos rápidos y económicos, ignorando que la entidad carecía de validez legal en el país.
La Unival, creada en 1997 como una institución privada y registrada como organismo sin fines de lucro en 2013, reportaba en su web más de 5.000 graduados de los cuáles más de la mitad son ecuatorianos. No obstante, tras su cierre definitivo en diciembre de 2022, la magnitud del caos administrativo quedó al descubierto.
Las razones del cierre en Nicaragua
La caída de la Unival comenzó en su propio país de origen. El consejo de universidades de Nicaragua decidió invalidar sus títulos tras detectar que las firmas de los directivos no eran reales; las rúbricas estaban impresas mediante fax o medios electrónicos, lo que carece de validez legal según la normativa centroamericana.
Las autoridades detectaron, además, otras faltas graves:
El reclamo de los afectados
Tras la clausura, las críticas no solo se dirigieron a la universidad, sino también al gobierno de Daniel Ortega por la demora en actuar, dado que las denuncias por irregularidades databan de años atrás.
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Para los 2.700 ecuatorianos afectados, la anulación de sus títulos representa no solo una pérdida económica significativa, sino un retroceso en sus carreras profesionales, evidenciando los riesgos de cursar estudios en instituciones extranjeras que no cumplen con los filtros de calidad y legalidad locales.