Fiscalía acusa a juez de presunto enriquecimiento ilícito por más de USD 582 mil en su patrimonio
Tras la audiencia de formulación de cargos, un magistrado dictó prohibición de salida del Ecuador contra el investigado.
La Fiscalía General del Estado formuló cargos por presunto enriquecimiento ilícito contra el juez Renán Andrade, quien fue parte de la extinta Unidad Especializada Anticorrupción y actualmente ejerce como magistrado penal.
Durante la audiencia, el fiscal provincial de Pichincha, Darwin Jaramillo, presentó 44 elementos de convicción que sustentarían la supuesta existencia de un incremento patrimonial injustificado.
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Entre los elementos expuestos constan un documento de la Contraloría, el reporte tributario del Servicio de Rentas Internas (SRI) y el informe investigativo elaborado por la Unidad Nacional de Delitos contra la Eficiencia en la Administración Pública de la Policía Nacional, entre otros escritos.
Al finalizar la diligencia, la jueza de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha dictó las medidas cautelares de presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y uso del grillete electrónico contra Andrade.
Además, dispuso la retención de hasta USD 582.921,81. El plazo de la instrucción fiscal será de noventa días.
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¿Por qué se acusa a Renán Andrade de enriquecimiento ilícito?
El Ministerio Público sostiene que la investigación nació hace más de un año con base en un informe con indicios de responsabilidad penal (IIRP) remitido por la Contraloría General del Estado (CGE).
Este documento contiene el análisis de cinco declaraciones patrimoniales juradas del ahora procesado.
Sobre esta base, la investigación fiscal apunta a un presunto incremento patrimonial injustificado durante el ejercicio de sus funciones como servidor público, primero como defensor público y posteriormente como juez, entre el 1 de enero de 2020 y el 21 de febrero de 2025.
Andrade habría registrado un incremento patrimonial injustificado de USD 407.101,49. A este valor se sumaría un monto aproximado de USD 175.820,32 correspondiente a pagos de deudas de tarjetas de crédito. El origen de los fondos no habría sido justificado.
Agrega que también ha identificado inconsistencias respecto al origen de los recursos utilizados para adquirir tres vehículos, cuyo valor conjunto asciende a USD 58.691,20.
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¿Qué dijo el juez Renán Andrade sobre las acusaciones?
La madrugada del 20 de octubre de 2026, la Fiscalía ejecutó un allanamiento en el domicilio del investigado, ubicado en el norte de Quito, pero no pudo detenerlo porque no estaba en la vivienda.
En esa fecha, el magistrado emitió un comunicado en el que asegura que la acusación en su contra surgió porque presentó una acción de incumplimiento de sentencia ante la Corte Constitucional por la eliminación de la Unidad Anticorrupción, una polémica medida tomada por el pleno del Consejo de la Judicatura.
Añadió que en el 2020, la propia Fiscalía reconoció “errores de buena fe” dentro una investigación abierta por el mismo delito.
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También dijo estar preparado para renunciar y pidió que dejen de perseguirlo. “He perdido a mi familia por este cargo. Solo he intentado servir, he tenido errores, los reconozco, pero que hablen los casos, las unidades de Policía, los cooperantes e incluso las partes procesales que saben que lo de ahora solo era una lucha por el debido proceso, pero no creo que sea para llegar a estos extremos de persecución”, enfatizó.