EE.UU. sanciona a siete exfuncionarios ecuatorianos por corrupción vinculada a organizaciones terroristas
Entre los señalados por el Departamento de Estado constan Wilman Terán, Pablo Ramírez, Mayra Salazar y otros vinculados a los casos Metástasis y Purga.
El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló este miércoles 9 de septiembre a siete exfuncionarios ecuatorianos por su presunta participación en actos de corrupción que habrían beneficiado a organizaciones criminales transnacionales, entre ellas Los Choneros, Los Lobos y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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La medida alcanza a Pablo Ramírez Erazo, exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI); Wilman Terán Carrillo, exjuez de la Corte Nacional de Justicia; y Ronaldo Xavier Guerrero Cruz, exjuez penal.
También fueron incluidos Pablo Bolívar Muentes Alarcón, exasambleísta del Partido Social Cristiano; María Fabiola Gallardo Ramia, expresidenta de la Corte Provincial de Guayas; Johann Marfetán Medina, exjuez penal de esa misma Corte; y Mayra Carolina Salazar Merchán, exfuncionaria de relaciones públicas de la Corte Provincial de Guayas.
Como consecuencia de la designación, los siete y, en términos generales, sus familiares directos quedan inhabilitados para ingresar a Estados Unidos.
El Gobierno estadounidense relacionó la medida con actos de corrupción que habrían favorecido a estructuras criminales. Los Choneros, Los Lobos y el CJNG fueron previamente catalogados como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) por la administración de Donald Trump.
Según el comunicado, Ramírez, Terán y Guerrero habrían recibido sobornos de bandas vinculadas con el CJNG, Los Choneros y Los Lobos a cambio de interferir en procesos judiciales, electorales o públicos para favorecer sus intereses.
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En el caso de Muentes, Gallardo, Marfetán y Salazar, Estados Unidos sostiene que habrían recibido sobornos para intervenir en procesos judiciales en beneficio de Los Choneros, el Cartel de Sinaloa y sus facilitadores criminales.
Señalados aparecen en los casos Metástasis y Purga
Varios de los nombres incluidos en la decisión estadounidense han sido protagonistas de dos de las mayores investigaciones sobre corrupción y penetración del crimen organizado en el sistema judicial ecuatoriano: Metástasis y Purga.
El caso Metástasis surgió a partir de la investigación posterior al asesinato del narcotraficante Leandro Norero Tigua, ocurrido en 2022 dentro del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi.
El análisis de los dispositivos electrónicos de Norero permitió a la Fiscalía reconstruir una presunta estructura mediante la cual el narcotraficante habría buscado evadir a la justicia con apoyo de jueces, abogados, fiscales y funcionarios del Consejo de la Judicatura y del sistema penitenciario, entre otros actores.
En este proceso fue sentenciado Wilman Terán, mientras Pablo Ramírez ha sido procesado. Mayra Salazar y Johann Marfetán también recibieron sentencias relacionadas con Metástasis.
Las investigaciones derivadas de ese expediente dieron paso al caso Purga, que puso bajo la lupa una presunta estructura de delincuencia organizada que habría operado dentro del sistema judicial de Guayas.
En esa causa fueron sentenciados Pablo Muentes, Fabiola Gallardo y Ronaldo Guerrero, entre otros procesados. Marfetán también fue sentenciado dentro de este caso.
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El Departamento de Estado justificó las nuevas designaciones al señalar que las conductas atribuidas a los siete ecuatorianos tuvieron efectos adversos para la seguridad de Estados Unidos, debido a su presunta contribución al narcotráfico y al fortalecimiento de organizaciones criminales.